Sin la posibilidad de tener un contacto directo con los firmantes del polémico fallo, Alfredo Cornejo intentó avanzar ayer en la búsqueda de entendimiento con la Suprema Corte de Justicia que, en según el Ejecutivo, “elimina la figura de la prisión preventiva al bajar los requerimientos” de la misma.

Ayer fue la primera reunión entre las autoridades del poder Judicial y el Ejecutivo, aunque en el encuentro no estuvieron los que tenían que estar: los jueces que firmaron la sentencia. En cambio, sí estuvo el resto de la Corte, que se comprometió a reunirse hoy en un plenario con los ausentes de ayer y, con apuntes en mano, intentar mediar las posturas.

“Quisiéramos que se resuelva localmente (y no en la Corte Suprema de la Nación) y que se revea el fallo”, anunció la vicegobernadora Laura Montero, quien ayer ofició de vocera (Cornejo, tras el encuentro, tuvo que retirarse) y marcó la postura del Ejecutivo en la pelea, aunque priorizó: “Queremos respetar el diálogo interinstitucional”. En los intentos, los esfuerzos apuntarán a mantener abiertos los frágiles canales de comunicación con el Poder Judicial, aunque, con cautela, no niegan que hayan algunas formas legales pensadas, para dar marcha atrás.

El faltazo

La polémica que mantuvo en vilo al Ejecutivo durante este fin de semana y que hasta tuvo repercusiones nacionales, produjo un primer encuentro entre las partes, aunque con algunas sorpresas.

No estuvo el ministro de la Corte, Omar Palermo, quien redactó el fallo que le dio la razón a un pedido de hábeas corpus colectivo de Xumec, una ONG de Derechos Humanos. Tampoco fueron al encuentro quienes avalaron la resolución: Jorge Nanclares, Alejandro Pérez Hualde y Julio Gómez.

¿Por qué no asistieron? Según explicaron los que sí fueron, fue porque no podían reunirse con “una de las partes del conflicto”. La respuesta detonó el humor en el Ejecutivo. “Primero nos dicen que no somos parte y ahora sí”, se quejaron, recordando uno de los argumentos que escucharon el fin de semana.

“Lamentamos que los que tenían que estar, los miembros de la Corte que sí firmaron, se hayan excusado por una acordada que en realidad no tiene que ver con lo que está pasando en el hábeas corpus. La provincia no es parte y no la hicieron parte en ningún momento, fue una excusa el no presentarse y no evacuar las demandas del Ejecutivo y el Legislativo. Esto nos lleva a no tener la interlocución suficiente, lo que sí todos los miembros presentes se comprometieron a hacer en el plenario”, señaló Montero.

En cambio, sí estuvieron el presidente de la Corte, Pedro Llorente, Herman Salvini, Mario Adaro y el procurador, Rodolfo González.

La lista de Cornejo

La reunión de ayer tomó un rumbo impensado por el Gobierno, pero usado para el mismo fin. Y es que en lugar de sentarse a hablar directamente con su interlocutor, tal como lo planeaba, lo hizo con quienes harán, sin quererlo, de intermediarios en el plenario que se realizará hoy: el resto de la composición de la Suprema Corte.

En esta reunión se esperanza Cornejo para no pensar en un quiebre de diálogo institucional. Y para esto, la lista de los cuestionamientos del Ejecutivo.

“Este fallo se atribuye facultades legislativas y tiene implicancias severas en el accionar de las fuerzas de seguridad por las disposiciones que toma”, cuestionó la vicegobernadora.

Este punto fue ampliado también por los ministros, quienes señalaron el plazo de 24 horas para resolver si un caso es meritorio de prisión preventiva o no, es una interpretación de la inmediatez establecida por Constitución y que viene a legislar sobre el asunto.

Sobre los hechos consumados, Montero dijo que esto podría corregirse con la sanción de una ley, ya que desde su operatividad es “de imposible cumplimiento”. “Disminuir los requerimientos para la prisión y sentar jurisprudencia es alterar el orden legal vigente y arrogarse facultades legislativas ya que cambian las formas”.

Dalmiro Garay, ministro de Gobierno, completó: “Genera una regulación positiva diferente a la existente. La solución no viene a través de acordadas”.

Otra de las objeciones en la lista que se pondrá en la mesa del plenario es que el fallo “no es preciso en cuanto a las fechas de aplicación ya que se excede el habeas corpus, que era para una cantidad de condenas, de gente detenida. El fallo dio más atribuciones. Eso genera jurisprudencia hacia futuro, que genera incertidumbre y una demanda sobre fuerzas de seguridad que no queda en claro en el fallo”, cuestionó la radical.

“A nuestro juicio, es un fallo de cumplimiento imposible, que desnuda las debilidades del sistema judicial en sus propios procedimientos y que no modificaron previamente por acordadas. No tuvieron las acciones previas antes de ir directamente a un fallo que se dicta con toda premura, sin dar intervención al Procurador y a los poderes intervinientes, en un contexto poco oportuno que deja al borde del colapso a todo el sistema de seguridad.  Deja sin posibilidad de aplicación la prisión preventiva, porque baja tanto los requerimientos para que exista, que lo que hacen, de hecho, es eliminar esa posibilidad”, apuntó Montero.

Internas, nulidades y otras especulaciones

El encuentro entre Alfredo Cornejo, Laura Montero, Néstor Parés y algunos ministros, con parte de la Suprema Corte de Justicia, duró un poco más de dos horas y estuvo marcado por los comentarios de pasillo que daban cuenta de lo que pasaba adentro.

Uno de ellos tiene que ver con una posible “interna” en la Corte, evidenciada por lo que estuvieron y los que faltaron. Entre los que no fueron, los rumores apuntaban a una actitud que excedía a las justificaciones y que tenía que ver con la intencionalidad de mostrar fuerza política, al sacar el fallo, primero, y luego no recibir al Gobernador, que más allá de ser parte o no, tiene una investidura institucional que hubiera ameritado la presencia de los magistrados.

Por otro lado, el rol de González podría jugar a favor del Gobierno. Según se comentaba ayer y un ministro confirmó, el Procurador de la Corte no pasó vista por el habeas corpus, lo cual podría suponer un vicio de nulidad, más tratándose de una disposición que afecta directamente al Ministerio Público.

En este sentido, Montero cuestionó que un cambio de tal implicancia no pasó ni siquiera por una audiencia pública. Según dieron cuenta, no hay conformidad en el responsable de los fiscales y esto podría producir incidir en la pelea por el fallo.

La Corte convocó al procurador González, a jueces y a fiscales

Con una mayoritaria predisposición a sostener las exigencias para la aplicación “conforme a Derecho” de las prisiones preventivas a los procesados no condenados, el máximo tribunal ya convocó al procurador Rodolfo González, a la Cámara de Apelaciones, a una veintena de jueces de Garantía y de Instrucción de toda la provincia y a los fiscales que designe el propio procurador.

Este encuentro se llevará a cabo mañana en el Cuarto Piso de Tribunales y allí se terminará de definir la implementación del “auto fundado en derecho” que se reflejará en otro auto complementario o a través de una acordada.

El establecimiento de un plazo de diez días para que un juez defina si un procesado debe permanecer o no bajo prisión preventiva y de dos días para que el fiscal interviniente comunique sus detenciones al juez, provocó un silencioso rechazo en el procurador González y una pública condena en el gobernador Alfredo Cornejo.

Hasta ayer por la tarde en la Fiscalía de Estado no se había presentado ningún pedido de evaluación de intervención -por parte del Gobernador- contra el fallo de la Corte.

En tanto, arreciaron ayer los rumores sobre la presentación de un eventual recurso contra la norma por parte del procurador González. El jefe de los fiscales ayer mantuvo el silencio y dedicó la jornada (en horario corrido) a “mantener reuniones”, según dejaron saber en la Procuración.

“Para la resolución de un hábeas corpus no hace falta dar vista previa al procurador”, hicieron notar en la Corte. “Esta es una decisión política del Poder Judicial para ordenar su funcionamiento”, remarcan. “Es una decisión para adentro”, afirman cuestionando el rechazo del Ejecutivo. Y algunos opinan que las detenciones de los fiscales “son inconstitucionales”. / Marcelo Sivera