Macri recurrió muchas veces en su administración porteña a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Se jactó de que había logrado instrumentarlos pese a la minoría macrista en la Legislatura. El juego sería ahora, sin embargo, de otra dimensión. Enfrente existe una oposición nacional, la peronista-kirchnerista, que tiene la primera minoría en Diputados y controla el Senado. Que fue relegada en el balotaje por apenas 2,60% de diferencia de votos. Y esgrime un grupo de resistencia –los ultra K– con propensión al salvajismo.

El decisionismo pudo haber traicionado al Presidente. En sólo siete días produjo ocho determinaciones de resonancia, que no representaron a priori ningún juicio definitivo de valor. Se encadenaron decisiones políticas, institucionales y, sobre todo, económicas. Más allá de las necesidades en cada terreno, Macri persiguió el objetivo de contentar al electorado que fue cosechando desde las primarias, en las cuales obtuvo el 30% de los votos, hasta el balotaje, cuando alcanzó casi el 52%.

En ese vertiginoso tránsito, cuando resolvió abordar las vacantes en la Corte Suprema no calculó tres situaciones. Su coalición electoral, Cambiemos, es una ingeniería todavía en ciernes en el poder. Los senadores peronistas no podían haberle cedido jamás la atribución de incorporar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los jueces postulados, con un decreto excepcional soslayando el proceso institucional establecido. “Si llegan a jurar, los pliegos no pasarán nunca el Senado”, alertó al jefe del bloque del FpV, Miguel Pichetto. El macrismo quedó conmovido. Los miembros de la Corte, al menos su jefe Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, manifestaron la voluntad de acatar la decisión. Pero fue imposible no detectar en el máximo Tribunal un intenso resquemor por el procedimiento.

Macri avanzó con esa cuestión exhibiendo un personalismo inusual. Había estado conversando sobre la realidad del Poder Judicial con el ministro, Germán Garavano. También con el radical Ernesto Sanz. Hizo una consulta a Elisa Carrió. Pero ninguno de ellos, ni otros hombres de influencia, como Federico Pinedo y Emilio Monzó, estuvieron al tanto de la posibilidad del decretazo por la Corte. Se embaló con un informe de Fabián Fernández Simón, un abogado amigo que ahora forma parte del directorio de YPF. “Era un simple papel y lo convirtió en un revólver”, ironizó un ministro.

Para el retroceso contó con la colaboración de todos. El senador y el diputado aplacaron los ánimos del peronismo. Sanz, aún desde el llano, logró aglutinar a su partido inicialmente dividido. No fue menor la mano que le tendió el nuevo titular de la UCR, José Corral. “Los radicales estuvimos demasiado tiempo habituados a ser opositores. Y ahora somos oficialismo”, explicó uno de sus mejores dirigentes para justificar el viraje.

Ese mismo dirigente insinuó una crítica a la estrategia macrista para abordar el problema. No haberlo conversado antes con los gobernadores, que la semana pasada concurrieron en manada a Olivos para encontrarse con Macri. Ese ardid hipotético presentaría un escollo: el Presidente necesita conocer en detalle las urgencias de cada provincia y sus propias chances económicas para darles respuesta. Sólo sabe que en su mayoría están mal. Hasta la gobernadora Alicia Kirchner trazó un cuadro sombrío sobre Santa Cruz, como si el kirchnerismo no hubiera tenido allí en esta década responsabilidad por el desquicio.

Lorenzetti lo pudo haber privado además de una herramienta. La Corte falló tres días después del balotaje a favor de Santa Fe, Córdoba y San Luis por la coparticipación mal liquidada desde el 2006. A Macri sólo le queda diseñar un organigrama para cumplir. Pero tres días antes de aquel balotaje hubo otro dictamen, de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que también habría caído mal en el Gobierno. Fue declarada inconstitucional la reforma al Consejo de la Magistratura del 2006 que propició Cristina Fernández, para reducir de 20 a 13 sus integrantes. Eso permitió al kirchnerismo todos estos años una fuerte influencia para decidir sobre el destino de los jueces. El retorno al origen permitirá además al titular de la Corte recuperar en aquel cuerpo el lugar que había perdido.

El pleito surgido con Rosatti y Rosenkrantz pareció quedar saldado con el Senado y Lorenzetti. Pero las puertas para otra modificación seguirían abiertas. Podría ocurrir que el año próximo alguno de los integrantes de la Corte opte por la jubilación. O que el macrismo resuelva elevar de cinco a siete sus miembros. Cualquiera de las variantes formaría parte de una ineludible coincidencia con la oposición. El viernes meloneó al Peronismo Federal de Adolfo Rodríguez Saá. Le hará falta bastante más.

El macrismo hurga en ese universo otras complicidades para derrumbar uno de los últimos bastiones kirchneristas. Se trata de la procuradora Alejandra Gils Carbó. La mujer está amparada por una ley ideada por Cristina para convertirla en inamovible. De ella dependen los fiscales, varios de los cuales investigan causas de corrupción en la última década. El proyecto sería objetar ese mecanismo y continuar la vieja línea de la recuperada democracia: Carlos Menem sustituyó al procurador del alfonsinismo, Andrés D’Alessio. Primero con Oscar Roger y luego con Nicolás Becerra. Este fue reemplazado por Esteban Righi, según disposición de Néstor Kirchner. Righi debió renunciar empujado por Cristina a raíz del escándalo con Amado Boudou por Ciccone. Al ex vicepresidente se le acaba de prohibir la salida del país e irá a juicio oral y público. Así llegó Gils Carbó a su sillón.

La preocupación macrista por la Justicia tendría otra ramificación: la seguridad. Patricia Bullrich, la ministra, y Garavano estuvieron trabajando en el plan de emergencia nacional después de corroborar infinidad de asociaciones turbias en todo el país entre policías y jueces. Algunos episodios despertaron pavura. En un operativo antidroga en una de las tres provincias más importantes, comandado por su comisario, fue allanada una residencia. Entre los elementos incautados se hallaron documentos del propio comisario. En otra provincia norteña se comprobó que los autos de alta gama propiedad de las principales jerarquías policiales correspondían a vehículos que habían sido incautados a jefes narcos.

La inseguridad y la economía constituyen, sin dudas, las exigencias sociales inmediatas para Macri. De allí la decisión de blanquear por capítulos la herencia que había decidido omitir en su mensaje de asunción. La emergencia energética declarada, describiría el estado de colapso por el desmanejo kirchnerista. El levantamiento del cepo comunicado por el ministro Alfonso Prat-Gay ayudó para desnudar también las enormes distorsiones que afectan al sistema productivo. Esa resolución apunta a una normalización gradual del funcionamiento económico. Aunque oculta una entretela política: una fina mirada sobre el mapa electoral permitiría descubrir que Macri conformó su mayoría con los votos de las regiones que aportan el 75% del PBI.

La eliminación de las retenciones industriales y del campo –salvo la soja– se inscriben en ese contexto. Los sufragios del agro, en especial, resultaron desequilibrantes. El kirchnerismo denunció que aquellas eliminaciones significarán un ingreso millonario para el sector y una formidable transferencia de ingresos. El ex oficialismo se sigue resistiendo a entender varios asuntos. Que la mejor época de su década se financió con los dineros de las exportaciones agropecuarias; que la guerra inútil que declaró en el 2008 limitó sus propias posibilidades; que el voto de una ajustada mayoría popular lo acaba de declarar perdedor.

Tampoco Macri tiene con sus iniciativas ningún éxito asegurado. Ha pasado con alivio apenas los primeros días del levantamiento del cepo. Pero resta aguardar la combinación de dos factores de riesgo: la confianza que la nueva situación genere en la sociedad; la capacidad del Gobierno y de la conducción económica para que la desarticulación del viejo sistema no derive en una inflación fuera de control. Detrás aflora además la presión sindical que ya hicieron pública Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Antonio Caló. Para intentar aplacarla el Presidente cedió la Superintendencia de Salud a uno de los hombres de los Gordos cegetistas. Ni más ni menos, el manejo de la caja de las obras sociales.

A fin de evitar aquella posible tormenta, Macri piensa recurrir a una presurosa conciliación entre gremialistas y empresarios. Tampoco pierde de vista el soporte que pueda arrimarle la oposición. Le aguarda el gran examen de la destreza política, todavía pendiente. (fotos Ilustrativas)

Fuente: http://www.clarin.com/politica/dificil-equilibrio-poder-Macri_0_1489051118.html