La grave situación financiera y económica de Mendoza  que ha heredado el nuevo Gobierno requiere de respuestas y soluciones que  constituyen un verdadero desafío.

Todos los ámbitos y áreas de gobierno se encuentran seriamente afectados por la falta de recursos, la ineficiencia y en algunos casos hasta desidia. Esta situación  ha llevado al  Estado a una parálisis no pudiendo atender las necesidades  básicas y esenciales de los mendocinos.

Esta dura realidad ha impactado fuertemente en el sector de la salud pública. El Estado  a través del su Sistema de Salud tiene la obligación constitucional de dar respuesta a los problemas sanitarios de los ciudadanos, y esta respuesta debe ser institucional, organizada, eficiente, equitativa, oportuna y de calidad. 

En estos últimos años la mala gestión de los recursos disponibles provocó que el sistema de salud sea incapaz de satisfacer en la forma más elemental la demanda de servicios de salud. Peor aún, se anarquizó su funcionamiento y los hospitales y centros de salud, en forma aislada intentaron desde los recursos humanos dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos con estrategias     regidas  por la voluntad más que por la organización y la disponibilidad de recursos.

Sin embargo todo desorden y mal desempeño  tiene un límite en las demandas de la realidad: cuando no hay antibióticos para una infección, o agujas y jeringas para aplicar un medicamento, o un paciente con enfermedad terminal muere por que no tiene su tratamiento. Así se manifiesta en plenitud que la falta de gestión, de rectoría y la anarquía en la distribución de recursos vuelve caótico al sistema de salud. Peor aún: se torna endogámico y entrópico, sólo se mira asimismo para sobrevivir, y olvida de su verdadero y único objetivo: cuidar la salud de los ciudadanos.

Resulta muy difícil dimensionar  el grave daño que ha producido esta crisis en la vida individual y colectiva de los mendocinos, ya que la salud no es sólo un tema sanitario que deba entenderse exclusivamente desde las prestaciones de servicios de salud, sino que es además un componente esencial de la libertad humana. 

 Por ello es inadmisible en nuestra Democracia que los ciudadanos no tengamos la posibilidad de acceder a un servicio de salud público de calidad, porque una enfermedad que no es prevenida ni tratada por el olvido y abandono de los responsables políticos, es una verdadera injusticia social en la que subyacen otras injusticias que profundizan aún más las desigualdades, por que determinan inequidades en las posibilidades de trabajar, de desarrollarse y  de crecer  individual y colectivamente.

La crisis existe, es visible y la sufren día a día miles de mendocinos. Es hora de que todos los actores reaccionemos y se tomen las medidas correspondientes para proteger la vida, la salud y la libertad de los ciudadanos de Mendoza.

Es un momento de grandes responsabilidades. El Gobierno nuevo, con el Gobernador a la cabeza, pero también los empleados y funcionarios, que deben estar a la altura de las circunstancias, los sindicatos, la oposición de forma constructiva, las organizaciones sociales, la ciudadanía en general. Todos debemos ser protagonistas.  

Y nosotros como legisladores provinciales no podemos ser ajenos, más allá de si somos del partido de gobierno o no. Tenemos la obligación constitucional y hasta moral de acompañar al Gobernador en las políticas públicas que pretenda liderar para superar esta crisis heredada, otorgando herramientas acordes y suficientes que le permitan llevar a nuestra provincia a un punto de partida para su crecimiento y desarrollo para así, con esfuerzo y compromiso, avanzar hacia la transformación de la Provincia de Mendoza que nos merecemos.

Fuente:  Prensa Bloque Senadores UCR  – 2616962227