El 18 de diciembre se vence el plazo que tiene la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 7722, que prohíbe el uso de determinadas sustancias químicas en la minería.
El inminente fallo del máximo tribunal genera expectativas, sobre todo en las empresas mineras y las agrupaciones ambientalistas. De acuerdo a los plazos que establece la Justicia, una decisión sobre la norma estaría disponible nueve días después de que el gobernador electo, Alfredo Cornejo, asuma el cargo.
El pedido de inconstitucionalidad fue impulsado por una decena de empresas mineras a finales de 2006, tras la aprobación de la llamada ley «antiminera» por parte de la Legislatura provincial. A su vez, distintas agrupaciones ambientalistas han defendido la validez de la 7722, siguiendo con atención los movimientos de la Justicia.
El pleno de la Corte comenzó la revisión del expediente una vez que el procurador, Rodolfo González, reafirmó la constitucionalidad de la norma. Desde entonces, corre un plazo de 60 días hábiles para tomar una decisión sobre la validez de la ley. En ese contexto, se estableció que cada miembro tiene un plazo de 8 días hábiles para resolver.
Cinco de los siete jueces de la Suprema Corte ya emitieron dictamen, y el juez Mario Adaro recibió el expediente. Una vez cumplido su plazo, el presidente del máximo tribunal, Pedro Llorente, será el último en revisarlo. En teoría, y siempre que se tomen la totalidad del tiempo del que disponen, el 18 de diciembre estarían en condiciones de emitir un fallo.
Aún con todos los votos emitidos, la Corte podría demorar en firmar su decisión, pero el juez Omar Palermo descartó que se extienda en el tiempo. «No especulamos con la fecha, lo seguro es que estará listo este año», afirmó. En ese contexto, también podría darse el escenario de que el dictamen se adelante, para lo cual los jueces que aún tienen que revisar el expediente, deberían emplear menos tiempo del establecido para tomar su decisión.