Quieren bloquear la "democratización" de OSEP hasta que asuma Cornejo

Los legisladores radicales no acompañaron la sanción del Senado y avisaron que, en Diputados, no permitirán que se precipite el tratamiento. El PJ tampoco está apurado y advierte que hay divergencias entre los propios gremios acerca de la idea para que los afiliados elijan tres vocales de la obra social.

Es uno de los proyectos relevantes que quedan por tratar antes del cambio de gobierno, pero en el radicalismo, que asumirá justamente el poder en diciembre, hay una decisión política que le juega en contra: congelar la «democratización de OSEP» hasta el traspaso del poder en diciembre.

Parcialmente reconoció ayer esta idea el jefe del bloque de diputados del radicalismo, Néstor Parés, quien sostuvo que «no se va a precipitar el tratamiento» del proyecto que aprobó el Senado con la tracción del oficialismo, el FIT y los gremios más duros de los empleados estatales.

La UCR no participó en la sesión del 8 de setiembre, en la que se sancionó el proyecto para que tres de los cinco vocales de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) se elijan por el voto directo de los afiliados (dos por los sindicatos y uno por los jubilados).

Es más: el radicalismo, después de la sanción de la Cámara Alta, acusó al PJ de haber sellado un «pacto espurio» con gremios como ATE y Ampros y ligó la «democratización» de la OSEP al acuerdo paritario de este año, que derivó en pases a planta de funcionarios y ñoquis.

En esas condiciones llegó el proyecto a la Cámara de Diputados, donde la UCR no fue al choque, pero se aseguró de bloquear el tratamiento: además de la comisión de Salud, pretende dictámenes de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y Hacienda antes de permitir el debate en el recinto.

Más allá de acrecentar el circuito legislativo, lo cierto es que entre los diputados de la UCR se mantiene la resistencia al proyecto y se considera que decisiones de este tipo afectarán la gestión sanitaria del próximo gobierno.

OSEP es un elemento central en ese sentido y aunque no tenga que ver con los votos directos de los vocales, el enorme déficit financiero de la obra social que atiende a 400.000 mendocinos se cuela en el debate de este proyecto. Hay que recordar en este sentido que la ley del endeudamiento sancionada la semana pasada colocó a la obra social de los estatales entre los organismos que necesitan financiamiento urgente.

En consecuencia, la UCR no va a facilitar el avance de la iniciativa, bajo la consigna de que hay que estirar cualquier discusión hasta el arribo de Cornejo al poder.

A esto se suma un justicialismo que, en Diputados, tampoco se lo ve demasiado convencido de impulsar la sanción definitiva.

El argumento de Silvia Ramos, presidente del bloque del PJ, es la división que produce el proyecto entre los propios gremios estatales. «Hay gremios que no comparten la sanción de la ley que está y quieren hacer modificaciones. Por eso hoy hemos decidido que vamos a armar una agenda para ver si se ponen de acuerdo», expresó la legisladora.

«Estas dos semanas vamos a recibir gente en comisiones porque no queremos afectar a los afiliados y a los gremios», agregó Ramos.

La disputa sindical en torno al proyecto coloca en un bando a ATE y AMPROS y en el otro a gremios como ATSA y Municipales.

«ATSA quiere mayor participación, más directores, y también tiene una propuesta sobre la revocatoria de mandatos», explicó la jefa del bloque oficialista. En el proyecto votado, la revocatoria puede ocurrir a partir de los dos años de mandato y por la voluntad de la mitad más uno de los afiliados en un referéndum.

Tampoco hay mucha claridad, según Ramos, sobre la forma en que se aplicará el voto directo del afiliado.

Todo esto complica más el avance de un proyecto que algunos gremios persiguen como una reivindicación histórica, pero que la política y parte del arco sindical tiran casi irremdiablemente para atrás.