El 45% de los presos que hay en las cárceles de Mendoza están detenidos bajo la figura de “prisión preventiva”, según denunció el titular del Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, Fabricio Imparado, quien alertó porque esas detenciones “rozan la ilegalidad” ya que se extienden en el tiempo más de lo reglamentario.
Fue tras la presentación del informe anual de la Comisión, donde dijo que lo más grave en la Provincia es, precisamente,  “el uso abusivo de la prisión preventiva y de las detenciones por parte del Ministerio Público”.
En declaraciones a Radio Nacional, Imparado calculó “en unas 2 mil personas detenidas bajo prisión preventiva, por disposición de un fiscal, que es el órgano acusador y no debería tener esa facultad ilimitada. No existen instancias alternativas a la pena privativa, y por eso las cárceles están superpobladas”.
Según precisó “quién debería tomar esa decisión es un juez de  garantía”. Luego se refirió a la necesidad de intervención de la Procuraduría y la necesidad de reforma de la justicia “después de un año y medio de trabajo tenemos un diagnóstico. Las consecuencias de lo que ha pasado con esta orden indiscriminada de detener personas. Por eso es aquí donde buscan intervenir de manera contundente. Necesitamos un poder judicial que actúe conforme a derecho”.
“La detención preventiva está habilitada, pero por diez días, e inmediatamente se tendría que dar intervención a un juez de garantías. Lo que está pasando es que duran 10 meses, un año, y de ahí para arriba”, sostuvo.