En tanto, el sueldo bruto del gobernador, Francisco Pérez es de 32 mil pesos por mes y el de bolsillo de 21.000. Hay 11 mil pesos que todos los meses se quedan ‘en el camino’ entre cargas sociales, ganancias y contribuciones partidarias.

«El año pasado hubo 1.200 agentes que cobraron más que el Gobernador. Este año (con el reconocimiento de la antigüedad y el título para funcionarios y legisladores a través del presupuesto), el número se redujo a quinientos si consideramos los montos brutos y a setecientos por ingresos de bolsillo», confirma una fuente oficial con acceso a los números del Estado.

Esto significa que, entre los 70 mil agentes públicos, uno cada cien recibe más plata que el propio encargado de administrar una provincia cuyas proyecciones la ubican con dos millones de habitantes, dentro de siete años.

En la administración central no se detectan sueldos que superen a los del primer mandatario, aún en áreas con ‘fondo estímulo’.

Esto es lógico porque el básico de Pérez es el doble de la categoría máxima de los estatales, la 13, más el adicional por tiempo completo. Y en la Educación las supervisoras y directoras -con ciento por ciento de zona y ciento veinte de antigüedad- que el año pasado cobraban por encima de Pérez, este año quedaron por debajo. Otros permanecen arriba.

Un gastroenterólogo de la OSEP que tiene una clínica en Rivadavia recibe un sueldo bruto de 51 mil pesos por mes. Una profesional médica que participa en la negociación salarial de la Salud equipara el actual sueldo bruto del titular del Ejecutivo. Un funcionario judicial clase cuatro que hoy percibe 25 mil pesos pasaría a cobrar 32 mil, muestra la última oferta paritaria.

Ésta propone llevar los actuales ingresos judiciales -entre 4.500 y 25.500 pesos- a un rango de 5.500 a 32 mil pesos. La oferta habla de un 25% sobre la asignación de clase, a lo que agrega el recálculo de un ítem.

Esto se traduce en aumentos de 1.000 a 6.500 pesos más. E incluye una especie de «enganche» entre incrementos que establece que cuando el aumento de los magistrados (enganchados con la Justicia federal) supere porcentualmente al de los funcionarios y empleados judiciales, se generará un derecho de reconocimiento por la diferencia porcentual.

Esta propuesta -que atiende al histórico reclamo judicial de evitar una mayor brecha con los magistrados- abre chances ciertas a los entendimientos en Tribunales, antes de lo previsto inicialmente.

En tanto en la Administración Central el rechazo a la última oferta (25% de aumento desde marzo sobre asignación de clase y un adicional) no fue unánime entre los representantes de los diez escalafones abarcados. Parques y Zoológico rompió la unanimidad y decidió evaluar la propuesta en la asamblea de personal de su sector.

Marcelo Sivera – msivera@losandes.com.ar