Como era de esperarse, la medida, que está incluida en un estado de excepción que decretó el presidente Rafael Correa para atender una eventual emergencia por el volcán Cotopaxi, desató opiniones cruzadas.

Del lado del gobierno se esgrimió la urgencia de controlar la información sobre el aumento de la actividad del Cotopaxi, que ha arrojado ceniza y forzado la evacuación preventiva o voluntaria de 505 personas, para evitar la propagación de rumores que podrían desencadenar pánico colectivo.

“En estos casos es muy importante la información, que no se generen rumores, que cualquier desubicado (no) lance por Twitter cualquier barbaridad que genere pánico”, explicó Correa.

El estado de excepción, que siguió a la activación del alerta amarilla — un grado intermedio de riesgo —regirá por un máximo de 60 días y también faculta al gobierno a liberar fondos económicos y movilizar militares y policías.

En el decreto se lee textualmente que “para efectos de garantizar la seguridad ciudadana, se decreta la censura previa en la información que, respecto del proceso eruptivo del volcán Cotopaxi, emitan los medios de comunicación social”.

La ciudadanía — agrega — “solo podrá informarse por los boletines oficiales que, al respecto, emita el Ministerio Coordinador de Seguridad, quedando prohibida la difusión de información no autorizada por cualquier medio de comunicación social, ya sea público o privado, o ya sea por redes sociales”.

Pero para organizaciones periodísticas o de libertad de prensa la censura es ambigua, y coincide con un momento de crispación política en que la oposición, encabezada por grupos indígenas, se ha movilizado contra el gobierno.

“El presidente argumenta que es para evitar el pánico de informaciones alarmistas, ese es su punto de vista. Se supone que los periodistas y los ciudadanos son alarmistas, hay ese prejuicio, eso es lo que está implícito”, dijo a la AFP Diego Cornejo, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep).

Para este periodista, la censura es “desproporcionada, inoportuna, porque se da justamente en un momento de movilización social”.

El jueves miles de manifestantes marcharon contra Correa, y grupos indígenas bloquearon varías vías. La jornada de protesta, en la que también miles se manifestaron en apoyo al mandatario, concluyó con enfrentamientos que dejaron 67 policías heridos y 47 detenidos.

El gobierno de Correa, que vincula a varios medios privados con la oposición, ha subrayado que la censura rige exclusivamente para informaciones sobre el Cotopaxi.

César Ricaurte, director de la ONG Fundamedios, criticó la “ambigüedad” de la censura oficial. “No sabemos si en realidad el decreto se refiere a todas las redes sociales o se refiere a las redes sociales de los medios de comunicación (…) La ambigüedad del decreto les deja una amplísima potestad para decir incluso que los ciudadanos no pueden pronunciarse”, señaló.

El sábado el secretario (ministro) de Comunicación, Fernando Alvarado, dijo que los medios podrán realizar su trabajo pero con “muchísima responsabilidad y muchísimo cuidado en que sus historias, sus reportajes, sus fotografías, no se aparten en absoluto de un mensaje oficial claro sobre la peligrosidad, sobre la prevención, sobre la tranquilidad de la población”.

El abogado Romel Jurado, que participó en la redacción de una ley de comunicación vigente desde el 2013, que aumentó el control sobre los medios, destacó la importancia de regular la información durante una catástrofe natural, y dijo que la censura más que controlar busca advertir sobre un mal uso de Twitter o Facebook.

“Controlar redes sociales es supremamente complejo, pero la advertencia se hace precisamente para no estimular que se haga un mal uso de las redes sociales en relación” al Cotopaxi, señaló a la AFP.

“Una información mal difundida, inexacta, falsa o intencionalmente errónea podría conducir a la pérdida de vidas, a la pérdida de bienes”, agregó.

No obstante, Cornejo insistió en que “el decreto es desproporcionado porque la situación” en este momento “no es peligrosa, sino potencialmente peligrosa”.

Al respecto opinó Ricaurte: “por primera vez tenemos una legislación, un decreto, una potestad legal, de regular redes sociales, lo cual es sumamente peligroso”.

Las autoridades no han especificado las sanciones en caso de que se viole la censura.

Fuente: http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article31259387.html