El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sumó una nueva medida a su colección de decisiones heterodoxas, discrecionales e intervencionistas sobre la economía. A través de la resolución 35 de su cartera, publicada ayer en el Boletín Oficial, estableció que el precio máximo para la venta de «hidrocarburos líquidos» -principalmente, naftas y gasoil- durante los próximos seis meses será el mayor vigente a los valores de anteayer.

La resolución, que empieza a regir hoy, despertó fuertes críticas e interpretaciones diversas entre dueños de estaciones de servicio, analistas y petroleras. Estas últimas cuestionan las enormes dificultades que tendrán para aplicarla.

A diferencia de otras ocasiones en las que Moreno ordenó congelar los valores en los surtidores, en esta oportunidad no prohibió continuar con las remarcaciones, sino que sólo les puso un límite. Eso conduce a una curiosidad: si bien la medida se presenta bajo la forma de un freno a la escalada inflacionaria, los especialistas sostienen que les da vía libre a los aumentos de precios, en especial los de YPF, hasta llegar al tope establecido. Eso se debe a que la empresa suele tener los valores más bajos del mercado, por lo que tendrá una mayor brecha para alcanzar los máximos. Shell, que generalmente tiene los valores más caros, será la gran perjudicada.

La resolución de Moreno dividió al país en seis regiones. En todos los casos, los que tienen precios relegados podrán equipararlos con los valores más altos.

Si bien hay una gran dispersión de precios según las marcas y las regiones, Shell suele tener los valores más altos, mientras que la estatizada YPF muestra los más bajos. En la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con números de la Secretaría de Energía, el litro de nafta súper de YPF costó en febrero $ 6,349, mientras que en algunas estaciones de Shell y Petrobras el valor fue de $ 6,987 y Axion (la ex Esso) lo cobró a $ 6,999.

De acuerdo con el criterio que establece la nueva resolución, YPF tendría hasta octubre para elevar un 10% sus precios, por poner un ejemplo. Un funcionario con llegada tanto a Guillermo Moreno como a Miguel Galuccio, presidente de la empresa argentina, lo puso en estos términos: «Moreno quería congelar los precios de los combustibles para contener la inflación sin perjudicar a YPF. Venía pensando la manera, y lo hizo así».

La empresa elogió tímidamente la medida a través de un comunicado. Según su texto, la resolución de «la Secretaría de Comercio Interior no altera su política de precios de combustibles y no modifica su plan de negocios para este año». Y aclaró que «la resolución dispone topes máximos», pero «no fija los precios que cada petrolera debe disponer. En ese sentido, YPF señala que sus precios son los más bajos del mercado en todo el país, con diferencias muy significativas con la competencia», de manera que abrió la puerta para futuros aumentos.

Si la mayor beneficiada con la medida es YPF, la punta de las perjudicadas la ocupa Shell, a cargo de Juan José Aranguren, con quien el Gobierno y en especial Moreno mantienen una pelea casi personal desde el boicot contra la empresa que ordenó en 2005 el entonces presidente Néstor Kirchner.

En el mercado plantearon una reflexión simple: si Shell, con un producto más caro y con imagen de mejor calidad y servicio, tiene los mismos precios que YPF, ¿dónde cargarán los automovilistas? Es una idea similar a la que tiene el Gobierno: YPF, líder del mercado, perderá algunos puntos de participación a favor de sus competidoras, en especial Shell, que deberá hacer un esfuerzo de abastecimiento mayor. Eso le permitiría a la firma nacionalizada compensar una parte de la pérdida que sufrió por la rotura de la refinería de Ensenada.

Para petroleros de larga data, la norma generará un descalabro. Por un lado, obligará a los dueños de estaciones de servicio a atenerse al tope de precios. Salvo los que tienen la bandera de YPF, que vende en consignación, el resto lo hace bajo la modalidad de reventa. De manera que Shell, Esso y Petrobras podrían aumentar los precios a sus estacioneros y asfixiarlos, dado que éstos no podrían, llegado al tope, trasladar la suba.

Rosario Sica, presidenta de Fecra, que reúne bocas de expendio de la Capital y la provincia de Buenos Aires, sostuvo: «Si tenemos precios de venta congelados, también tendríamos que tener los costos así. El sindicato está pidiendo el 40%. ¿Cómo vamos a pagarlo con precio tope?». Oscar Díaz, de Cecha, que agrupa estaciones de todo el país, hizo una crítica similar.

Para el ex secretario de Energía Daniel Montamat, «siempre que hay control de precios, desaparece el producto en la góndola principal y aparece en la paralela».

Moreno dictó la intervención del mercado casi sin mencionar el decreto 1277, que inspiró el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y puso en guardia a todo el sector. Más aún: la única referencia es errónea (lo menciona como 277). Sostiene toda la argumentación en la vieja ley de abastecimiento, que de acuerdo con algunas interpretaciones no está vigente.

Por Pablo Fernández Blanco  | LA NACION

Fuente: lanacion.com Foto: Ezequiel Muñoz