Una vez más, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) ha quedado bajo la lupa del Tribunal de Cuentas, órgano de contralor que detectó irregularidades en la rendición de cuentas del organismo correspondiente al ejercicio 2012. En base a ello, emplazó a quienes eran responsables a que entreguen los elementos de juicio solicitados y los multó por las impericias en su accionar.Específicamente, las sanciones recayeron sobre Cecilia Pallucchini (ex Directora General), Carlos Salinas (ex Secretario Administrativo), Teresa Muñoz (ex Secretaria Técnica), Rosana Corinaldesi (ex Directora de Promoción y Protección de Derechos), Verónica Bertolotti (Directora de Restitución de Derechos), Mario Mérida (Jefe de Servicios Administrativos), Ricardo González (Jefe de Movilidad), y Rosa del Valle Vargas (Jefe de Compras).
El fallo 16.403 del Tribunal de Cuentas señala incumplimiento en el régimen de contratación para la prestación de servicios, irregularidades en la contratación y pago del servicio prestado por cuidadores terapéuticos, diferencias verificadas en conciliaciones bancarias, diferencias en el pago de pensiones de veteranos de terapéuticos y veteranos de Malvinas, además de la falta de cumplimiento de la rendición de cuentas de la inversión de subsidios.
En este último punto -la rendición de subsidios- se registró una diferencia millonaria que podría llegar a complicar judicialmente a los antiguos directores de la DINAF. Según consta en el fallo, la revisión verificó irregularidades, tales como la falta de rendición de la inversión de subsidios entregados por la DINAF a terceros por el monto de $63.337.169, además de que los responsables tenían sin rendir del CUC anterior (DINADYF) la suma de $ 79.951.681”.
Por otro lado, el órgano de control detectó incumplimientos en el régimen de contratación para la prestación de servicios de telefonía móvil e irregularidades en llamado a licitación de movilidad.
Según el fallo del Tribunal de Cuentas, las adjudicaciones de movilidad no solo se efectuaron a proveedores que no presentaron certificado de libre de deuda, sino que ni siquiera estaban registrados como proveedores ni contaban con constancia de la AFIP o la DGR.