La corrupción en las administraciones públicas de Brasil es «endémica» y tiene «metástasis». Así de radical fue este martes el fiscal Athayde Ribeiro Costa, uno de los responsables de la operaciónanticorrupción Lava Jato, después de hacerse pública la detención del expresidente de la estatal brasileña Eletronuclear, Othon Luiz Pinheiro.  

La operación Lava Jato investigaba hasta ahora los enormes fraudes en el seno de la empresa pública de petróleo y gas (Petrobras). La petrolera que fue el orgullo de Brasil reconoce que perdió más de 6.200 millones de reales (unos 2.000 millones de dólares) debido a un gigantesco esquema de corrupción que operó durante diez años, aunque la policía estima que los desvíos y los contratos inflados le pueden haber costado hasta 19.000 millones de reales.

Los investigadores creen que el expresidente de Eletronuclear, que ya había dejado el cargo después de las primeras sospechas de corrupción, recibió sobornos por valor de 4,5 millones de reales (1,4 millones de dólares) para amañar contratos para empresas, que a su vez inflaban los costes de obras públicas. Las compañías supuestamente beneficiadas son prácticamente las mismas que ya estaban siendo investigadas por contratos fraudulentos con Petrobras.

La operación Radioactividad, como la policía ha llamado a ladecimosexta fase de la Lava Jato, ha acabado también con la detención de Flávio David Barra, un alto ejecutivo de la constructora Andrade Gutierrez. El presidente de esta misma empresa, Otávio Azevedo, está detenido por el caso de Petrobras.

Las revelaciones sobre Eletronuclear vienen de Dalton Avancini, expresidente de la constructora Camargo Corrêa (otra empresa investigada en la operación Lava Jato), que proporcionó a la policía pruebas de pagos sospechosos en contratos para la construcción de instalaciones nucleares en Río de Janeiro. Según Avancini, las empresas pagaban como soborno el 1% del valor del contrato que conseguían. Los investigadores ven indicios de que el presidente de Eletronuclear recibió parte de esos sobornos en diciembre de 2014, es decir, ya con decenas de directivos de grandes constructoras en prisión.

El exdirector de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa (uno de los primeros en llegar a un acuerdo para colaborar con la Justicia a cambio de rebajas en la condena) también había acusado previamente a empresas privadas de formar cárteles para actuar en otras áreas de Gobierno, como la energía eléctrica (con la estatal Eletrobras), las hidroeléctricas, los puertos y los aeropuertos. «Dimos un paso y vimos que la corrupción no se restringe solo a Petrobras», confirmó el martes el fiscal Athayde Ribeiro Costa. Los escándalos parecen manchar a todas las instituciones de Brasil: recientemente el actual presidente del Congreso, Eduardo Cunha (uno de los políticos más poderosos del país) ha sido acusado por otro delator de exigir cinco millones de dólares a cambio de conseguir obras de Petrobras para empresas privadas, y este mes se ha hecho público que el mismísimo expresidente Lula da Silva (en un caso independiente de Petrobras) será investigado por supuesto tráfico de influencias a favor de la constructora Odebrecht.