Se desató en Mendoza la «guerra» de gobiernos. El actual mandatario justicialista Francisco Pérez le cerró esta semana las puertas del Palacio Cívico al reciente mandatario electo, el radical Alfredo Cornejo, quien tras los comicios del 21 de junio había logrado comenzar una pacífica transición política, a la espera de su asunción el 10 de diciembre, y con un objetivo claro, que exaspera al Ejecutivo: ordenar las complicadas cuentas provinciales.

Así, el inicio del proceso de traspaso de mando se diluyó con el paso de los días y ahora la futura administración hasta ha amenazado con ir a la Justicia por supuestas «irregularidades».

Es por el pase a planta y nombramientos así como por una diferencia de unos 4000 millones de pesos en el déficit hasta fin de año calculado por uno y otro, que incluye también deudas con el Banco Nación, y por ende podría verse afectado el pago de sueldos de fin de año.

Mientras tanto, el gobernador Pérez mantiene su postura de no enviar a la Legislatura el esperado proyecto de presupuesto 2015, por lo que se manejará con una reconducción de gastos del año pasado.

De todas maneras, en las últimas horas, como los humores van y vienen desde ambos bandos, atentos a la evaluación de los ciudadanos y teniendo en cuenta las primarias nacionales del 9 de agosto, dicen que hay chances de recomponer el diálogo.

«Quiero que se siga buscando un acuerdo. Mendoza necesita una buena transición. Que el gobierno termine lo mejor posible y que el que empiece lo haga lo mejor posible», expresó por estas horas Cornejo, atento a la herencia que recibirá de Pérez.

Y después aclaró: «Necesitamos una transición ordenada con información veraz y certificada. No se puede complicar al gobierno que viene».

El mandatario electo recordó que la actual gestión «gasta más de lo que recauda» y que se «están licitando cuestiones millonarias sin financiamiento».

Por lo bajo, en el oficialismo aseguran que no darán el brazo a torcer ante los «caprichos» del radical y actual intendente de Godoy Cruz de insistir con su «transición a la chilena», cuestionando todo lo hecho por el justicialismo.

Le reclaman que «blanquee» sus verdaderas intenciones de estar «bien fondeado» para iniciar su gestión.

Para el actual gobierno, el déficit no supera los 2100 millones de pesos, mientras que la UCR estima que al cierre del año la deuda rondará los 6000 millones de pesos.

Con el resultado puesto en los comicios, Cornejo hizo una rápida jugada de meterse a analizar las cuentas en rojo, sabiendo que tenía enfrente cinco meses de espera y un «doble gobierno», sobre todo para que su inicio de gestión a fin de año no tuviera grandes sobresaltos financieros.

Esta movida inicial de «diálogo y transición ordenada» significó, por lo bajo, un duro golpe para Pérez, que intentó esquivar y manejar en paz las primeras semanas de derrota, prometiendo su colaboración y poniendo a disposición a sus equipos técnicos.

El día después de las elecciones comenzó el proceso en la casa del ganador, con un desayuno servido por su esposa.

Los días siguientes todo transcurrió con normalidad en las mesas de debate en Hacienda hasta que comenzaron a saltar las diferencias, cada vez más pronunciadas.

A la puja por los pases «irregulares» a planta permanente, donde figuraban funcionarios, ex legisladores y punteros, y las amenazas de Cornejo de poner un freno y congelar incorporaciones, comenzaron a aflorar los polémicos números en rojo de las arcas públicas.

Así, el desdoblamiento electoral provincial del nacional que dispuso Pérez a comienzos de año sigue teniendo coletazos y continúa jugándole en contra.

La derrota en las urnas del oficialismo le significó un gran dolor de cabeza y una maniobra de Cornejo que busca develar si hubo un desmanejo de los fondos en la actual administración Pérez y llegar así más fortalecido, empoderado y ordenado al 10 de diciembre.