El dato pasó desapercibido, pero involucra uno de los casos de corrupción más graves de la historia mendocina: un ex funcionario fue condenado por malversación de fondos y peculado por la estafa cometida con los tickets Vale Más, el plan de ayuda social ejecutado desde el año 2000.
La Sexta Cámara del Crimen culpó a Lorenzo Caliri, uno de los colaboradores del sistema, por “malversación de caudales públicos en la modalidad de peculado” y lo condenó a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso; es decir no ordenó su detención. Además le impuso una “inhabilitación absoluta perpetua” para ejercer cargos públicos.
El condenado fue el coordinador del programa Vale Más desde el 2000 y es un eslabón menor de la larga cadena que integraban funcionarios de mayor nivel.
El programa Vale Más fue creado en el año 2000, durante la gobernación de Roberto Iglesias, para procurar asistencia alimentaria a las familias marginadas de la provincia.
El sistema, financiado con fondos nacionales, funcionaba mediante la emisión de tickets que los beneficiarios podían usar para comprar alimentos en los comercios, pero al mismo tiempo se montó un sistema paralelo con distintos mecanismos de estafa como la duplicación de padrones (con firmas falsificadas,) tickets que eran cobrados pero nunca pasaban por el circuito formal y otra serie de fraudes.
La modalidad con la que mayor cantidad de fondos se robaron se generaba a través de un circuito paralelo de reducción de esos tickets Vale Más.  Desde el Gobierno se generaban pedidos truchos a la empresa Proms que los proveía, esa firma los enviaba y se entregaban a mayoristas y el Estado los pagaba, sin que pasaran por las manos de los supuestos beneficiarios. Se cree que la estafa superó los 5 millones de pesos por año mientras duró el programa.
En 2006 la estafa salió a la luz con Cobos como gobernador. El entonces coordinador del programa detectó el fraude y lo denunció ante la Justicia. De allí surgieron 4 líneas de investigación y solo una causa había sido elevada a juicio por malversación culposa.
Las otras, donde se investigaba la ruta del dinero robado y los responsables, no llegaron a nada a pesar de que en los expedientes hay pruebas que involucran a comunas y funcionarios de todos los partidos políticos entre 2000 y 2006.