La jueza federal María Romilda Servini de Cubría hizo lugar a un pedido de la legisladora porteña Graciela Ocaña y ordenó la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades con los fondos del Fútbol para Todos (FPT).
A tal fin, la magistrada designó tres veedores judiciales, que serán el ex juez Alberto Piotti, la ex titular de la UIF Alicia López y un perito contador de la Corte Suprema.
La denuncia de Ocaña por las irregularidades en el manejo de los millonarios fondos del Fútbol para Todos fue realizada el año pasado y derivó en las imputaciones, por parte del fiscal Eduardo Taiano, de los sucesivos jefes de gabinete Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, responsables del programa, y directivos de la AFA, entre ellos el fallecido Julio Grondona.
En agosto del año pasado, Servini de Cubría ordenó un impactante allanamiento en la sede de la AFA, lo que encendió las alarmas en el Gobierno nacional donde empezaron a observar que la causa iba en serio.
Un mes después, Ocaña amplió la denuncia y le apuntó a empresas encargadas de la “producción” de la televisación de los partidos y la comercialización de publicidad, la mayoría beneficiadas por contrataciones directas. Alguna de esas firmas, constaba en la denuncia, fueron creadas solo para prenderse en el negocio, y otras no tenían ningún tipo de antecedente en el rubro.
Pero después de meses de aparente quietud en la causa, hubo dos factores que aceleraron el proceso y casi obligaron a la jueza a avanzar con decisión contra la AFA.
El primero de esos hechos fue el escándalo mundial de corrupción en la FIFA, que tiene como dos de sus principales protagonistas al fallecido Julio Grondona y al empresario Alejandro Burzaco (ex CEO de Torneos, actualmente detenido en Italia), el poder en las sombras de la entidad argentina y con influencia en varios de esos contratos sospechosos para la televisación.
El segundo episodio que aceleró la investigación fue el desarchivo del informe de la Auditoría General de la Nación sobre las irregularidades en el FPT. Allí, se denuncia que, entre agosto de 2009 y diciembre de 2012, se gastaron $ 2.967,6 millones, de los cuales $ 188,9 millones se tramitaron “sin el respaldo de la orden de compra correspondiente”.