Las propuestas del Ejecutivo provincial para la reforma de la Constitución de Mendoza fueron tratadas por un grupo de especialistas en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura, en el marco del foro de trabajo denominado “Los órganos de control institucional y de defensa de los derechos ciudadanos en una reforma de la Constitución de la provincia”, organizado por el Senado local.
En esa instancia, que forma parte de los Foros de Trabajo Participativo para la Reforma de la Constitución de Mendoza, ofició como anfitrión el presidente del bloque de senadores del FPV-PJ, Gustavo Arenas, quien presidió la mesa académica junto a los funcionarios provinciales Fernando Simón, fiscal de Estado; Julio Gómez, en representación del Tribunal de Cuentas; José Caviggia, contador general, y César Mosso Giannini, asesor de Gobierno.
Arenas admitió en diálogo con el sitio MDZ que “para quienes se oponen nunca es el momento oportuno. Debemos saber que la Constitución de Mendoza data de 1916 y es imperativo adaptarla a la actualidad, para que contemple nuevos derechos y demandas que han surgido desde la misma dinámica de protección de grupos colectivos que hasta ahora no están contemplados en ella. Por eso, desde el 2012 se están organizando y coordinando diversos foros para que la reforma constitucional sea tratada también como parte de un proceso que abarque a la población en general”.
Y a la hora de enumerar los beneficios más importantes para los mendocinos, indicó: “La reforma incorporará el mandato de que el presupuesto para la educación sea equivalente al 8% del Producto Bruto Geográfico provincial. Estos recursos permitirán mejorar tanto la infraestructura como la calidad de nuestro sistema educativo. Además establecerá que las personas con discapacidad puedan ser elegidas en cargos públicos. E incluso contemplará que todos los departamentos de Mendoza tengan representantes en la Legislatura, para que estén en igualdad de condiciones a la hora de debatir, por ejemplo, la distribución del presupuesto”.