La bodega Garbín, la Municipalidad de San Rafael, el edificio de los Bomberos de San Rafael, Tribunales y otros sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura serán inspeccionados esta semana en el marco del juicio que se lleva adelante a 26 ex militares y ex policías.
Mariela Herrera, abogada querellante por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Delegación San Rafael, indicó que la inspección se hará este viernes y probablemente se planifique otra jornada de visitas a sitios donde se mantuvo cautivos a presos políticos, muchos de los cuales permanecen desaparecidos.
“Por el juicio ya pasaron 200 testigos y se lleva un ritmo de dos y tres audiencias semanales desde la mañana temprano y toda la tarde. Con lo cual esperamos que en agosto o setiembre esté finalizado”, indicó la abogada.
En julio, el juicio se trasladará a los tribunales de Mendoza para seguir con las testimoniales (se harán todos los jueves de julio menos el 18), debido a que la Capital provincial actuaba de nexo en los traslados del corredor represivo del sur: muchos de los testigos contaron que de dependencias policiales, civiles o comerciales donde los tenían detenidos fueron trasladados al D2 de Capital.
En San Rafael se analizan en este proceso los casos de 72 víctimas, catorce de las cuales permanecen desaparecidas. La mayoría de los secuestros ocurrieron en 1976 y varios antes del golpe Estado.
En la acusación fiscal se valora especialmente el aporte del D-2 en este esquema represivo, caracterizado por la acción coordinada de militares y policías: “El D2 tenía como función principal a la época de los hechos reunir información acerca de la labor política, gremial, religiosa y educativa en la zona sur de la provincia e identificar a quienes tuviesen alguna relación con personas o actividades consideradas subversivas”, describió la fiscalía según publica el sitio fiscales.gov.ar.