En una fuerte jugada política y para posicionarse mejor frente a los embates del Gobierno, el juez Ricardo Lorenzetti les anunció ayer a sus colegas Elena Highton y Juan Carlos Maqueda que siente «cansancio moral» y que está dispuesto a renunciar a la presidencia de la Corte Suprema a partir del 1° de enero próximo. Sin embargo, los jueces le habrían reiterado su confianza para que continúe en el cargo.
Desde principios de año el Gobierno intenta ampliar la composición de la Corte Suprema, presuntamente para diluir el poder de los actuales magistrados. La presidenta Cristina Kirchner está acosada por causas judiciales y todo parece indicar que fijó como uno de sus principales objetivos reformatear el máximo tribunal para dejar una integración más permeable cuando a ella, el 10 de diciembre, le toque dejar la Casa Rosada.
Lorenzetti y sus colegas resisten lo que, consideran, es una maniobra de la Casa Rosada. El Gobierno redobló en las últimas semanas las presiones sobre el presidente de la Corte, en quien focaliza todos los ataques. Esta presión explicaría la decisión expresada ayer informalmente.
Cristina Kirchner le endilgó públicamente a Lorenzetti no haberles dado a los juzgados del norte del país más personal para combatir el narcotráfico. Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que el presidente de la Corte ejerce «un unicato» al frente del tribunal.
Además, el periodista Horacio Verbitsky, desde el diario Página 12, afirmó que denunciará penalmente a Lorenzetti por falsedad documental, porque el 22 de abril, cuando el juez fue reelegido para ejercer un nuevo período como presidente entre 2016 y 2019, en el acuerdo no estaba presente Carlos Fayt, a quien le llevaron a firmar la acordada a su casa. Y Eugenio Zaffaroni, que renunció al alto tribunal en diciembre pasado, afirmó que él no hubiera buscado una reelección, para permitir que la presidencia de la Corte fuera rotativa.
Más allá de todos esos detalles, el punto controvertido pasa por el embate del Gobierno para cambiar la composición de la Corte.
Hasta 2006, el tribunal tenía nueve jueces. Pero, por iniciativa de la Presidenta, en 2006 se aprobó una ley para reducirla, primero a siete cargos y luego a cinco -la muerte de Enrique Petracchi y Carmen Argibay dejo cristalizado el número en cinco integrantes-. Además, en diciembre renunció Zaffaroni y quedó una vacante que Cristina Kirchner intenta cubrir con un candidato poco experimentado, Roberto Carlés, cuyo pliego el oficialismo aún no pudo aprobar en el Senado porque no reúne la mayoría que exige la Constitución.
Por cierto, Lorenzetti todavía no presentó su renuncia, y su decisión de hacerlo sólo es, por ahora, un gesto político. Además, todo indica que sus colegas no la aceptarán. No sólo porque ni Highton ni Maqueda quieren hacerse cargo del tribunal, sino también porque ven con buenos ojos que aquél, que demostró tener una singular cintura política, siga al frente del tribunal durante un período de fuerte enfrentamiento con el Gobierno.
SIN DEFINICIÓN
El tema, sin embargo, no está cerrado. Lorenzetti parte hoy mismo de viaje al exterior y regresará el domingo próximo. Por eso, según confirmaron fuentes del alto tribunal, la eventual renuncia de juez entraría en la agenda de la Corte el martes de la semana próxima. Hasta ese día, los jueces no celebran acuerdo alguno.
Lorenzetti fue nombrado juez de la Corte en 2004, y tres años después fue elegido presidente de la Corte, función que viene desempeñando hasta ahora con el aval de todos sus colegas. Cuando, en abril último, recrudecieron las versiones de que la Presidenta estaba dispuesta a ampliar la Corte, Lorenzetti y sus tres colegas, por unanimidad, tomaron dos decisiones muy fuertes.
Por un lado, se dictó el fallo Aparicio: la Corte asestó un duro revés al Gobierno, porque declaró que la lista de conjueces que aprobaron los senadores del FPV en 2013 es nula: el máximo tribunal reparó que esa lista, plagada de letrados cercanos al kirchnerismo, no fue votada por la mayoría de dos tercios de los senadores que exige la Constitución nacional.
En otras palabras, si Cristina Kirchner lograse que el Congreso, con una mayoría simple, aprobase una ley de ampliación del cuerpo judicial de sus actuales cinco cargos a nueve, no podría echar mano a la lista de conjueces para cubrir las vacantes que crearía. Además, si la Presidenta todavía no pudo imponer a su candidato Carlés, tampoco lograría los dos tercios para elegir a todos los ocupantes de los nuevos cargos.
La segunda carta fuerte que jugó la Corte fue anticipar la reelección de Lorenzetti para un nuevo período. Su actual mandato vence en diciembre próximo, pero la Corte, el mismo día que dictó aquel fallo, lo reeligió para que siga en esa función hasta 2019. Es decir, los nuevos jueces que ingresen al tribunal supremo deberán convivir con Lorenzetti como su jefe.
Al Gobierno le pareció demasiado y redobló una vez más la batería de ataques contra el juez, que ayer habría salido a buscar oxígeno político -para soportar las presiones fuertes y directas que le llegan de la Casa Rosada, con aval de la Presidenta- y el respaldo de sus colegas.
Lorenzetti, para no tensar aún más el clima que rodea al tribunal, ya veía con buenos ojos continuar en el cargo de presidente del tribunal sólo hasta enero y no comenzar a ejercer su nuevo mandato, que comienza ese mes.
En el encuentro, Lorenzetti les pidió a Highton de Nolasco y a Maqueda que evalúen la posibilidad de ocupar su lugar al frente de la Corte. Y si bien eso parece muy improbable, el tema se debatiría oficialmente en el acuerdo del martes de la próxima semana.
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