Las cooperativas de trabajo se han convertido en un negocio estupendo: el Estado no sólo les financia los sueldos y los insumos básicos, sino que además muchas de ellas son beneficiadas con contrataciones directas para proveerle sus productos o servicios al propio Estado. No son cifras menores las que se manejan: en los últimos 15 meses recibieron casi 180 millones de pesos en contratos directos, principalmente del Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Alicia Kirchner.

Eso sí, para gozar de estos beneficios las cooperativas deben probar su fe kirchnerista. De hecho, la que más contratos recibió es Malar, con 9,6 millones de pesos entre 2012 y lo que va de 2013. Según el registro oficial de proveedores del Estado, se dedica a brindar «servicios generales» y es, sugestivamente, de reciente creación (en 2010). Su presidente es Adolfo Cayetano Deffina, conocido dirigente kirchnerista del partido bonaerense de Malvinas Argentinas y mano derecha de Luis Vivona, subsecretario de Gestión Deportiva del Ministerio de Desarrollo Social.

Las cooperativas de trabajo constituyen una de las principales herramientas electorales del kirchnerismo, sobre todo en Buenos Aires, donde Alicia Kirchner competiría en octubre como primera candidata a diputada nacional.

Según una investigación realizada por el equipo de LA NACION Data, el año pasado hubo un aumento explosivo de cooperativas, un 239 por ciento más que en 2011. La mayoría fue fomentada por el Ministerio de Desarrollo Social a través del plan Argentina Trabaja, que solventa con recursos públicos los sueldos de los cooperativistas. Éstos, a su vez, deben registrarse como tales en municipios u organizaciones sociales, que reciben los fondos para los insumos necesarios para el trabajo.

Pero además de estos beneficios, las cooperativas de trabajo pueden recibir, además, contrataciones directas del Estado. El equipo de LA NACION Data constató, tras cruzar los datos de todos los boletines oficiales desde enero de 2012 hasta la fecha, que unas 115 cooperativas suscribieron contratos directos con el Ministerio de Desarrollo Social. La enorme mayoría de ellas son textiles que se dedican a la confección de remeras, guardapolvos y buzos.

A esto justamente se dedica la cooperativa La Patria Grande, en La Plata, tercera en el ranking: en los últimos 15 meses cobró 4,5 millones por contrataciones directas con el Ministerio de Desarrollo Social. Esta cooperativa pertenece al Movimiento Patria Grande, afín al kirchnerismo, por lo que se observa en sus páginas web.

LA NACION se comunicó con voceros del Ministerio de Desarrollo Social para que brindaran una explicación respecto a las irregularidades registradas en la entrega de contratos directos a diferentes cooperativas, pero no obtuvo respuesta alguna.

DATOS SUGESTIVOS

Del relevamiento realizado surgen algunos datos significativos. En primer lugar, que la enorme mayoría de las contrataciones directas supera largamente el tope de 75.000 pesos que fija la ley para este tipo de contratos con el Estado. Una restricción que no les cabría a las cooperativas, lo que las pone en ventaja respecto de otras empresas proveedoras del Estado.

Por otra parte, hay que advertir que se verificaron varios contratos duplicados que benefician a una única cooperativa. Por ejemplo, bajo el contrato número 372/2012, la cooperativa de trabajo Guazuncho Ltda. recibió, en febrero pasado, 114.000 pesos para la provisión de «indumentaria»; cinco meses antes había cobrado otros 570.000 pesos con ese mismo contrato. También se encontraron montos que se repiten numerosas veces. Por ejemplo, hay contratos por 270.000 pesos para la confección de remeras, monto que se repite 39 veces en distintos boletines oficiales y para diferentes cooperativas. Como si fuera un precio preestablecido más allá de los distintos productos y calidades específicos.

Pero lo más llamativo es la discrecionalidad en el reparto y asignación de estas contrataciones realizadas sin licitación previa.

Las cooperativas que pertenecen a agrupaciones críticas del Gobierno, como Barrios de Pie o el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), no recibieron hasta ahora ninguna contratación directa del Estado, según advierten sus líderes.

Además, insisten en que les resulta muy difícil inscribirse en el plan Argentina Trabaja, a diferencia de las cooperativas afines al kirchnerismo.

«Eso es sólo para las cooperativas de ellos -dijo a LA NACION Raúl Castells, del MIJD-. Con Kolina [la agrupación política de Alicia Kirchner], el ministerio tiene contratos de hasta 4 millones de pesos. Es la forma que el Gobierno encontró de pasarles plata sin control para armar su estructura partidaria.»

La oposición está convencida del uso clientelar de las cooperativas por parte del Gobierno y el reparto discrecional de los programas sociales. Diferentes referentes de la oposición objetaron el manejo de fondos de Alicia Kirchner.

«Es vergonzoso. Se las promocionó como una herramienta para paliar el desempleo, pero no son otra cosa que una caja del Gobierno para engordar el clientelismo», asestó la diputada Victoria Donda (Libres del Sur).

«No hay control ni transparencia en la adjudicación de los planes y los contratos. El armado de las cooperativas no sólo es un mecanismo clientelar del Gobierno, sino que éste lo utiliza como fuerza de choque», denunció la diputada Margarita Stolbizer (GEN).

Por Laura Serra  | LA NACION