RÍO DE JANEIRO.- Nadie tiene dudas ya de que éste será un año muy complicado para la economía de Brasil y un punto de inflexión para el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. La mandataria se juega por estos días las últimas cartas en pos de una recuperación. Atrás han quedado los tiempos de crecimiento a tasas chinas que convirtieron al gigante sudamericano en una de las grandes potencias emergentes. Después de numerosos errores y oportunidades perdidas, llegó la hora de la verdad en medio de una tormenta perfecta.

«Los problemas económicos comenzaron a ser evidentes en 2014, que fue un año de declive general. Con los obstáculos políticos que se sumaron ahora, 2015 puede ser otro año simplemente malo o terrible; dependerá de la habilidad del gobierno en implementar el programa de ajuste en la dosis exacta y el tiempo correcto. No será un proceso sin turbulencias», dijo a LA NACION el economista Clemens Nunes, profesor de la influyente Fundación Getulio Vargas en San Pablo.

La mayoría de los analistas ya advertían desde hace dos años sobre los desequilibrios económicos y las dificultades en el horizonte. Llamaban la atención sobre la política fiscal extremamente expansionista del gobierno, alertaban sobre el aumento de la inflación, criticaban la sobrevaluación del real, criticaban la concentración de las exportaciones en commodities (soja y mineral de hierro especialmente), y avisaban que las subvencionadas tarifas en energía, gasolina y transporte no eran sostenibles.

Hubo algunos tímidos intentos de acomodar algunos de estos aspectos, especialmente con el precio de los transportes públicos, pero las protestas que estallaron en junio de 2013 asustaron al gobierno. Ahora cada vez hay menos tiempo, y más urgencias.

 

 

Lo que comenzó como un conflicto por el alza del boleto de colectivo en San Pablo se convirtió en una masiva movilización en todo el país en reclamo de mejores servicios públicos y contra de los gastos para el Mundial de fútbol que se jugó en 2014. Para ese momento, las inversiones en servicios públicos e infraestructura que no se habían hecho y las medidas para mejorar la competitividad de la industria brasileña que no se tomaron durante los años de gran crecimiento de la economía ya estaban comprometidas por los enormes gastos del gobierno.

«Las políticas anticíclicas que fueron efectivas para capear la crisis mundial de 2008-2009 se llevaron adelante por demasiado tiempo. Hubo mucho crédito, subsidios y exenciones impositivas a sectores industriales para mantener el nivel de consumo, de producción y de empleo que generaron serios desfases en las cuentas públicas y un aumento de la inflación», señaló Fabio Klein, analista de finanzas públicas de la consultora Tendencias.

Con el objetivo de la reelección de Rousseff, en los comicios de octubre de 2014, el gobierno buscó ocultar los problemas o culpó de las dificultades al contexto internacional, con una China -principal socio comercial- en desaceleración y una Unión Europea aún en crisis. Después del triunfo tras una reñida contienda electoral que se ganó con el menor margen en la historia de Brasil, poco a poco, las autoridades comenzaron a enfrentar la realidad.

En enero, el Banco Central informó que, por primera vez en 13 años, las cuentas públicas registraron en 2014 un déficit primario de unos 12.511 millones de dólares (0,63% del PIB). La balanza comercial también cerró 2014 con su primer déficit desde 2000 y el peor resultado en 16 años: 3930 millones de dólares en rojo. La inflación acabó el año en 6,44%, justo en el techo de la meta establecida por el gobierno de 4,5%, con dos puntos más o menos, y la previsión es que en 2015 el índice trepe a 7,9 por ciento. Finalmente, el viernes pasado el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) reveló que el crecimiento de la economía -pese a la celebración de un megaevento como el Mundial de fútbol- había sido de apenas 0,1%, el peor desempeño desde 2009, cuando durante la crisis internacional la economía se contrajo un 0,2%, y para este año se pronostica una recesión, con una reducción de la actividad económica de entre -0,5 y -1 por ciento.

Más allá de los números duros, lo que más se ha reducido es la confianza de los inversores en Brasil, que no creen que el país haya aprovechado la década de bonanza para realizar las reformas necesarias para volver más eficiente y competitiva su economía. Y con Estados Unidos en pleno proceso de recuperación económica, gran parte del dinero que antes venía para Brasil ha regresado a apuestas más seguras. Como consecuencia, desde la primera vuelta electoral brasileña, el 5 de octubre, hasta ahora, el real se ha depreciado un 30 por ciento.

«La sensación que hay allí afuera es que, otra vez más, las oportunidades nos pasaron por delante y no sacamos provecho de ellas, ni con el boom en el precio de las commodities ni con el Mundial, y no se espera que el panorama cambie con los Juegos del próximo año en Río», resaltó João Pedro Brügger Martins, economista del fondo de inversión Leme Investimentos, quien apuntó que, para conseguir una reactivación económica, será necesario atraer capitales extranjeros con mayores muestras de confianza.

Consciente del desafío, incluso antes de asumir su segundo mandato, el 1º de enero, la presidenta Rousseff dio un giro al nombrar como ministro de Economía al banquero neoliberal Joaquim Levy, apodado «Manos de Tijera» por su inclinación a cortar gastos. El ajuste tan negado durante la campaña se hizo presente. Se diseñó un ambicioso programa de recortes de subsidios y de inmediato se reajustaron los precios de la nafta, la electricidad y el transporte.

Para controlar la inflación, el Banco Central, a cargo de Alexandre Tombini, subió la tasa de interés referencial Selic hasta 12,75%, y la semana pasada anunció que dejaría de intervenir en el mercado de cambio dejando de lado la política de swaps cambiarios para contener la volatilidad del real frente al dólar; la expectativa es que ahora el real se deprecie un poco más, hasta encontrar un punto de equilibrio que favorezca las exportaciones brasileñas.

ROCES POLÍTICOS

En medio del ajuste surgieron problemas políticos. Los roces que había entre el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y su principal socio en la alianza gobernante, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), se volvieron enfrentamientos abiertos: los pemedebistas se quejaron de las reducidas cuotas de poder que les fueron otorgadas en el nuevo gobierno y el intento de Rousseff de limitar aún más a sus aliados en el Congreso le salió como un tiro por la culata con la victoria de dos pemedebistas como presidentes de la Cámara de Diputados (Eduardo Cunha) y del Senado (Renan Calheiros). En una movida populista, para agradar a los sindicatos y movimientos sociales de izquierda que han criticado el programa de ajuste, el PMDB ahora presenta fuertes resistencias para la aprobación del paquete de recortes en el Congreso. La tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo ha llevado al propio ministro Levy -un tecnócrata- a acudir al Parlamento para intentar convencer a los legisladores, con el riesgo que acarrea de que termine muy desgastado y decida abandonar el gobierno.

Para complicar aún más el panorama político económico, las revelaciones sobre el escándalo de corrupción en Petrobras -iniciado hace un año- llevaron a la Procuraduría General de la República a pedir la investigación de 47 políticos presuntamente beneficiados por el esquema de sobornos que se instaló en la petrolera estatal desde 2003, cuando el PT llegó al poder con Luiz Inácio Lula da Silva. Por el caso ya han sido detenidos tres ex directores de Petrobras y 36 ejecutivos de empresas constructoras que habrían pagado coimas para garantizarse contratos con la compañía. La mayoría de los políticos ahora bajo la lupa pertenecen al PT y al PMDB, lo que ha llevado a nuevos choques entre los «aliados».

Avivadas por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), liderado por el senador Aécio Neves, ex rival de Rousseff en las últimas elecciones, las denuncias destapadas por el «petrolão» desembocaron en un sorprendente movimiento en contra de la mandataria. La repercusión social ha sido tal que diferentes grupos ciudadanos organizaron el 15 de marzo una movilización en todo el país que sacó a más de un millón y medio de personas a las calles, con el reclamo de un pedido de juicio político -impeachment- a la presidenta por su supuesta responsabilidad en el escándalo y por la mala gestión económica.

A medida que avanza, el «petrolão» tiene cada vez más consecuencias también económicas; de por sí, el valor de Petrobras cayó 40%. Asimismo, siete de las principales constructoras del país involucradas en el escándalo ahora tienen prohibido firmar nuevos contratos con la compañía, lo que ha llevado al estancamiento de proyectos y a la dimisión de personal; tan sólo en los astilleros del estado de Río de Janeiro, el que concentra las operaciones de Petrobras, se perdieron en lo que va del año 5000 puestos de trabajo. Se estima que de mantenerse el clima de dudas sobre la petrolera -cuyas inversiones representan el 2% del PIB brasileño- se verá muy afectado el nivel de empleo; el año pasado el desempleo fue del 4,8%, y en febrero ya había ascendido a 5,9 por ciento.

«Entramos en un círculo vicioso en el que el poco dinamismo de la economía y sus problemas se exageran por el discurso político y el escándalo de Petrobras. Todo acaba asfixiando las expectativas de una recuperación en medio de un programa de austeridad que puede empeorar aún más el escenario», advirtió la economista Leda Paulani, profesora de la Universidad de San Pablo, para quien el objetivo principal del gobierno ahora debería ser lograr la estabilidad política que le permita reducir, en medio del frente tormentoso actual, la incertidumbre económica sobre el futuro de Brasil.