Edemsa, la principal distribuidora eléctrica de la provincia, cerró el año pasado con un déficit que superó los 110 millones de pesos y mantiene una deuda de 870 millones por la energía que le compra a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
La única solución que plantea Edemsa es un aumento tarifario que tampoco llegará este año. El gobernador Francisco Pérez firmó en enero con la Nación un convenio por el cual Mendoza se compromete a mantener sin modificaciones sus cuadros tarifarios eléctricos, mientras que el Gobierno Nacional financiará obras de distribución por 372 millones de pesos.
«En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 la Sociedad registró una pérdida neta de $ 110.835.889 y un déficit de capital de trabajo de $ 654.550.613, con una deuda corriente exigible con su principal proveedor (CAMMESA) que representa el 117% de su activo corriente», es el lapidario informe presentado ante la Comisión Nacional de Valores
La auditoría determina que «entre los aspectos de gestión más relevantes para el futuro, se encuentran obtener alguna recomposición sustentable de los ingresos, que permita realizar las inversiones necesarias para satisfacer la demanda y refinanciar la deuda comercial con CAMMESA, asumida durante el período de insuficiencia y congelamiento tarifario».
La situación es tan grave hasta se pone en duda el futuro de Edemsa como prestadora de un servicio público esencial. En un párrafo del informe se señala que «estos factores generan incertidumbre material respecto de la posibilidad de que la Sociedad continúe operando como una empresa en funcionamiento».
«La insuficiencia tarifaria y consecuente escasa generación de fondos ha provocado una concentración de pasivos en el corto plazo que genera un mayor riesgo de liquidez», agrega el informe.
El gobierno nacional decidió congelar las tarifas eléctricas en un año electoral. Firmó con las provincias, entre ellas Mendoza, un convenio para mantener sin modificaciones los cuadros tarifarios hasta el 31 de diciembre de 2015 a cambio del financiamiento de obras de distribución.
Lógicamente, las empresas pusieron el grito en el cielo. Reclamaron judicialmente por el congelamiento de tarifas y pidieron que el acuerdo con la Nación sea declarado inconstitucional.
Para intentar un acercamiento, Pérez firmó en un  decreto que descongela las tarifas, pero a partir del 31 de diciembre. Es decir, que le pasa el problema al próximo gobernador.
Pérez en su decreto además habilitó a reconocer el atraso del Valor Agregado de Distribución (VAD), con retroactividad al 31 de julio de 2013.