La investigación por el pacto con Irán. El juez consideró que en la acusación que presentó el fiscal antes de morir no había delitos consumados. El fallo elogió la actuación de la Presidenta y del canciller Timerman.
Afiches. El juez federal Daniel Rafecas, ayer por la mañana, al ingresar a los tribunales de Comodoro Py, frente a afiches en homenaje al fiscal Alberto Nisman. Pedro Lázaro Fernández
Nisman había presentado su denuncia sobre el presunto “pacto criminal” encabezado por la Presidenta el 14 de enero. Fue cuatro días antes de aparecer con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento. Ayer, Rafecas consideró que la “inusitadamente grave” denuncia del Fiscal Especial para la causa AMIA no presenta las “mínimas condiciones” para que se inicie una investigación penal.
Rafecas desistió de investigar a la Presidenta y sus funcionarios al rechazar también los argumentos del fiscal Gerardo Pollicita, quien semanas atrás los había imputado cuando acogió la denuncia de Nisman. Rafecas hizo un recorrido por la presentación de Nisman, quien sostuvo que la llamada Comisión de la Verdad iba a asumir, según el memorandum de entendimiento firmado con Irán, un carácter judicial y reemplazar al Ministerio Público Fiscal. En la denuncia también sostuvo que la notificación a Interpol sobre el acuerdo y la formación de dicha Comisión iba a terminar con el levantamiento de las circulares rojas de Interpol correspondientes al pedido de captura internacional de cinco de los iraníes imputados.
En contraposición con esa afirmación, Rafecas sostuvo ayer en su resolución que “ha quedado claro que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el Fiscal Pollicita en su requerimiento, se sostienen mínimamente, la primera (“Comisión de la Verdad”), porque el presunto delito nunca se cometió; y la segunda (baja de las “notificaciones rojas”), porque la evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito”. Y agrega que “para colmo (la baja de las circulares rojas fue) desmentida puntualmente y en forma categórica”, por el ex secretario general de Interpol Ronald Noble”, sobre quien el magistrado apoya gran parte de su resolución, la que podría ser apelada -o no- por Pollicita- y en ese caso caería sobre la Cámara Federal Porteña.
El juez elogió profusamente la actuación de la Presidenta y de Timerman. Rafecas sostiene que “la estrategia de la presentación fiscal ha sido dejar de lado todas las declaraciones, actitudes, expresiones y decisiones públicas que adoptó la Presidenta desde que asumió, que han guardado una notable coherencia en punto a la persecución de los fines de verdad y justicia respecto del atentado a la AMIA”.
Rafecas arriesga que “todas las supuestas gestiones, tratativas y negociaciones que la denuncia le adjudica a distintas personas que no integran organismos públicos -reflejadas en las escuchas telefónicas aportadas-, quedan –en el mejor de los casos- circunscritas a la antesala del comienzo de ejecución” y “no resultan en absoluto punibles, por más ingratos, alarmantes, desagradables o repudiables que nos puedan parecer, ellos o las personas que los realizan”.
Ayer, la dirigencia judía dio muestras de disgusto hacia la decisión de Rafecas -la vincularon con que “en dos meses prescribirá la causa en su contra en la Magistratura como coletazo de su investigación del vicepresidente Amado Boudou”- pero evitó criticarlo.
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