Los gremios de los trabajadores públicos todavía no tienen una fecha definida para comenzar las paritarias. Mientras esperan al llamado, definen las bases para el aumento que solicitarán durante las negociaciones. Algunos sindicatos no mencionan una cifra específica pero todas se calculan en base a los mismos factores: la inflación del año anterior, junto a la esperada para el 2015.

“Yo entiendo que si el Gobierno hizo esto, supone que la inflación será de 48% como mínimo”.

A esto se suma el descontento por el aumento a los funcionarios y legisladores, cuyos salarios superan los 44 mil pesos. María Isabel del Pópolo, secretaria general de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), afirmó que, independientemente del incremento de los legisladores, el sindicato realiza sus propias cuentas. “El pedido de este año será de un 50% de aumento por las pérdidas que hemos tenido el año pasado y lo que se espera para este año”, indicó.

La secretaria general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Raquel Blas, afirmó que el “dietazo” es un elemento más de la impunidad que tiene la corrupción política de la provincia. “No es por catalogar el aumento en cuanto a lo que gana o no, sino con relación al sueldo de los trabajadores en general”, puntualizó la gremialista, quien agregó: “Yo entiendo que si el Gobierno hizo esto, supone que la inflación será de 48% como mínimo”.

Según Blas, los reclamos se centrarán en recuperar lo que “se ha perdido por la inflación”. Y siguió diciendo: “Muchos sindicatos hablamos de recomponer salarios en un porcentaje que estaría cercano al 50%”. Este número se calcula en base a diferentes aspectos que buscan reclamarse durante las paritarias.

El titular del gremio Judiciales, Carlos Ordóñez, aclaró que no presentará un número porque transformaría la paritaria “en una subasta”. El gremialista buscará un diálogo sobre cómo debe estar conformado el salario dentro del Poder Judicial. “Que haya debate, si no, no hay paritaria; nos preocupa mucho eso de dar un porcentaje fijo para todos: reglar generalizando para medios diferenciados produce marginalidad”, manifestó Ordóñez.

Sobre el aumento de legisladores, el gremialista opinó que los funcionarios tienen que dar el ejemplo en cuanto al aumento: “A quienes menos ganan, mayor aumento, porque la mayor parte del ingreso termina en el consumo primario para los trabajadores públicos”.

Puntos clave

Según detalló el titular de Judiciales, su sindicato presentará “una fuerte discución en cuanto a salario” basada en la inflación, al igual que las demás agrupaciones. Tendrán en cuenta también el aumento del costo de la canasta de consumo, la carga horaria -que en el rubro es la más alta de la administración pública- y la especifidad del servicio.

“Esperamos que el gobierno, que ya no cumplió con el pedido de que la discución estuviese contenida en el presupuesto, por lo menos sea lo más rápido posible”, manifestó Ordoñez. De lo contrario, desde el gremio advirtieron que de lo contrario “los distintos conflictos surgidos por la incapacidad de negociar, se transformarán en un obstáculo dentro de la campaña electoral”.

A su vez, el titular agregó que depende de la patronal que se produzca o no un conflicto. “Otro punto de conflicto será una cláusula que el gobierno niega: se acordó que si el incremento de los magistrados durante un año era superior a la de los empleados, esa diferencia de salario debía corregirse en el primer trimestre del año siguiente, pero se niegan a actuarlizarlo”, informó Ordoñez.

Blas afirmó que sus cálculos están basados en números concretos: “lo que hoy debe ganar un trabajador para una canasta, alquilar, esparcimiento, salud, educación, vacaciones; sea este un año electoral o no, el trabajador tiene que vivir.”

La secretaria de ATE remarcó que uno de los problemas clave es la pérdida del poder adquisitivo. “Estamos frente a dos situaciones, en las que un trabajador que recién comienza se actividad se encuentra con una pérdida del poder adquisitivo durante el año, mientras que uno con antigüedad, es alcanzado por el impuesto a las ganancias y termina perdiendo esa parte del ingreso”, analizó Blas.

Impuesto a las ganancias

Según afirmó Blas,se hará incapié en que el gobernador firme el cambio de la base de cálculo del impuesto a las ganancias. “Esta es la única provincia donde el gobernador no ha hecho el cambia, esperábamos que hiciera algo, pero todo sigue igual”, manifestó la secretaria, quien puntualizó: “Mientras que a algunos o les alcanza porque el ingreso es muy bajo, a otros los agarra el impuesto”.

Por su parte, Del Pópolo calificó de “brutal” el gravamen sufrido este año. “Esperamos poder tratar este tema con el gobierno; pediremos una mesa que se atenga a los términos, que se pueda hablar y dialogar con todo respeto porque evidentemente estamos viendo muchas faltas de respeto que no hacen al respeto y la concordia”, finalizó Del Pópolo.

El SUTE “no quiere hablar” sobre paritarias

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) ha reiterado su negativa de hacer declaraciones sobre las paritarias. El secretario de prensa del gremio, Nicolas Bajuk, afirmo que la decisión de los integrantes del sindicato es no aparecer en los medios. «El gobierno tendría que haber convocado a paritarios y no lo hizo», fue el único comentario que se recibió por parte del SUTE.Mientras tanto, la meta de los funcionarios es iniciar las clases sin ninguna demora que puedan provocar por las negociaciones.