La ONG local Fundación Cívica elaboró y recolectó firmas en apoyo de un documento sobre la inseguridad reinante en San Rafael.
Durante los últimos días de diciembre pasado, el coordinador de la misma y varios de sus integrantes solicitaron a los vecinos que firmaran el petitorio demandando acciones concretas para remediar la situación que será  entregado  este jueves a la mañana al Intendente local y el  viernes a la mañana al Gobernador de la provincia, a quienes consideran responsables  de dar respuesta a las inquietudes de los vecinos.
Entre los principales puntos que consigna el documento figura que, hasta ahora, más policías, más controles y más medios para darle batalla al delito no han dado el resultado esperado, ya que el tema es complejo, y la solución no aparece como algo lineal.
“En el aumento de la inseguridad concurren varios factores”, dicen. “La cuestión está plagada de causas que explican sólo parcialmente el fenómeno. Drogas, alcohol, pobreza y exclusión social, impunidad, ausencia de justicia, una débil concepción del valor por la vida y la propiedad privada, una sociedad que ha perdido la cultura del trabajo, familias desintegradas, ausencia de diálogo en el hogar, una educación que muestra grietas, con códigos morales destruidos y una fragmentación despiadada, son solo algunos de los componentes de una larga nómina en combinación, casi nunca aislados”.
“Hoy, el promedio de edad de la población carcelaria no supera los 23 años y de ese total casi el 70% nunca tuvo acceso a una vivienda digna, a un correcto sistema de salud, a un sistema educativo que los contenga, creció en la extrema pobreza sin los servicios básicos. Es decir que son personas cuyos padres y abuelos fueron pobres. Vienen con una herencia más pesada y no logran insertarse en el mundo de trabajo. El problema, en suma, tiene que ver con la pobreza extrema, con la desigualdad”, afirman en otro párrafo.
“En este sentido, hay que actuar como sociedad y en conjunto, para brindar oportunidades de que los jóvenes encuentren una forma adecuada de construir su futuro, alejados de la delincuencia”, proponen más adelante y agregan que “no es bajando la edad de imputabilidad esos menores como se solucionará el flagelo de la inseguridad, encarcelando a adolescentes de 14 años en instituciones cerradas, tratándolos como delincuentes mayores sin haberles dado la posibilidad de superarse”.
En conclusión, acotan que “lo que está claro es que no se puede actuar contra la inseguridad de manera espasmódica, con acciones de gobierno electoralistas o de corto plazo, sin atacar los problemas de fondo y que ninguna propuesta de trabajo que no contemple que enfrentamos un fenómeno social de origen multicausal tiene chances de lograr éxito”.