Alberto Nisman lo tenía claro: la presidenta argentina, Cristina Fernández, orquestó un «plan criminal de impunidad» para los supuestos autores del atentado contra la mutua judía AMIA (1994), en el que murieron 85 personas, a cambio del petróleo iraní. La mandataria habría contado con la colaboración de otros altos cargos del Gobierno para articular toda una trama política y mediática que desvinculara a los presuntos criminales con el objetivo de restablecer las relaciones geopolíticas y comerciales con Teherán, facilitar el acceso al crudo y hacer frente así a la «urgencia energética» que vivía el país.

Esta es la teoría central que el fiscal antiterrorista argentino Alberto Nisman desarrolla en el informe de acusación que tenía previsto presentar en el Parlamento un día después de su misteriosa muerte y que ha sido publicado esta noche por el Centro de Información Judicial argentino, órgano que depende de la Corte Suprema de Justicia.

El contenido del documento, de casi 300 páginas, se basa en el cruce de escuchas telefónicas de terceras personas con los hechos políticos de esos años. El juez federal Ariel Lijo ha impulsado su publicación en un sorprendente movimiento que ha colapsado en minutos la página web que lo alojaba.

En el informe, Nisman acusa a la presidenta argentina de liderar un plan para dotar de impunidad a los supuestos autores del atentado contra AMIA y de orquestar una campaña de descrédito hacia la investigación del caso. Asegura que se construyó una hipótesis ficticia, apoyada con pruebas falsas, para «redireccionar la pesquisa hacia terceros inocentes y así desligar definitivamente a los nacionales iraníes» y argumenta que se engañó a los familiares y a las víctimas del atentado, «ya que, al contrario de lo prometido, jamás se les consultó».

Los protagonistas

Cristina Fernández y su canciller, Héctor Timerman, son los dos cargos que peor parados salen en la investigación del fiscal. A ellos les acusa de «perfeccionar el plan criminal» y de dirigir una campaña política y mediática de acuerdo con sus supuestos intereses.

Cristina Fernández aparece retratada como la líder de la trama y Timerman como su brazo derecho y parte indispensable.

El canciller argentino, Héctor Timerman, junto a la presidenta, Cristina Fernández.

En concreto, Nisman afirma que ambos lideraron un «sofisticado plan de encubrimiento […] que fue decidido por la Sra. Presidente e instrumentado -principalmente- por Héctor Timerman, con la colaboración de personajes que, por sus cualidades y conocimientos, resultaron ideales para llevar a cabo la maniobra criminal».

Sobre Timerman, Nisman dice que fue «el principal instrumentador del plan de impunidad ideado» y que»transmitió a Irán la decisión del Gobierno argentino de abandonar el reclamo de justicia de la causa AMIA». Al ministro de Exteriores le atribuye la firma material del acuerdo que reconocía la impunidad y el cierre de «acuerdos secretos mucho más beneficiosos para los prófugos».

El fiscal antiterrorista pone también nombres y apellidos al resto de «personajes» que, según su investigación, fueron claves en la trama:

– Luis Ángel D’Elia: De él asegura que «funcionó como el interlocutor oculto de las autoridades gubernamentales argentinas y operó como transmisor y receptor de los mensajes clandestinos a la contraparte iraní, destinado a remover los obstáculos que iba presentando el avance del encubrimiento. Su voz ha sido la del Gobierno nacional».

– Fernando Luis Esteche: «Su intervención ha sido determinante pues se trata de uno de los sujetos que viabilizó el avance del plan de encubrimiento, acercando al agente iraní Khalil a los funcionarios de inteligencia argentinos, y en especial, al ex Fiscal designado para actuar en la causa AMIA, Héctor Yrimia, además de haber aportado ideas concretas para la construcción de la nueva hipótesis falsa».

– Jorge Alejandro Yussuf Khalil: «Es el referente más importante de las autoridades del régimen iraní en Argentina […] Militante a tiempo completo de los intereses persas, es la voz y los oídos de Irán en Argentina». A juzgar por la exposición de Nisman, Khalil era una pieza crucial. «Participó tanto del armado de la pista falsa, como de las tratativas (conversaciones) con el Gobierno argentino relativas a los intercambios comerciales que se pretendían establecer con Irán a nivel estatal. Y mantuvo constantemente informado de cada avance del plan al prófugo Mohsen Rabbani».

– Andrés Larroque: Actuó «como nexo e intermediario de la información transmitida entre autores y cómplices del encubrimiento».

– Héctor Luis Yrimia: Entonces Fiscal de Primera Instancia en lo Criminal y Corrección Federal, «su aporte fue realizado donde resultó más útil: en el armado de una hipótesis falsa donde, valiéndose de la información obtenida en ejercicio de la función pública, ha cooperado con dicha fase del plan».

– Ramón Allan Héctor Bogado: Nisman se recrea en la descripcin de Allan, a quien le dedica una «mención especial» y le acusa de desvelar información privilegiada a agentes extranjeros. «Responde a la secretaría de Inteligencia de Presidencia de la Nación. Se trata de una persona con acceso al entorno presidencial, que cuenta con información privilegiada -incluso sobre la salud de la Sra. Presidente- y que ha declarado su simpatía con el régimen iraní, que ha actuado -en reiteradas ocasiones- a favor de intereses extranjeros en detrimento de los nacionales. Que ha transmitido informaciones secretas y protegidas por la Ley de inteligencia a agentes de una potencia extranjera y en quien la Sra. Presidente ha confiado para llevar adelante parte del plan de impunidad por su dedicación, obediencia, pero -sobre todo- por su falta de escrúpulos a la hora de manipular pruebas y personas para la consecución del designio ilegal que le fuera encomendado por su jefa».

Tras el ‘oro negro’

Alberto Nisman.

De acuerdo con la teoría de Alberto Nisman, la crisis energética que atravesaba Argentina en 2011 resultó fundamental en los movimientos del Ejecutivo de Cristina Fernández y motivó un giro radical en su postura. La necesidad de ‘oro negro’ propició un acercamiento del Ejecutivo argentino a las autoridades de Teherán: se utilizó la Justicia en el caso AMIA como moneda de cambio para tener acceso al petróleo iraní y se iniciaron unas negociaciones que acabaron restablecer las relaciones comerciales entre ambos Estados.

«La urgencia energética que atravesaba y atraviesa nuestro país y el anhelo por restablecer plenas relaciones comerciales a nivel estatal, ligados a una visión geopolítica de acercamiento con la República Islámica de Irán fueron, según las pruebas con que se cuenta, los factores determinantes para que la primera mandataria, Dra. Cristina Fernández, con la necesaria e inestimable participación y colaboración de Héctor Timerman, tomara la aciaga decisión de llevar adelante este plan de impunidad, sacrificando la justicia en el caso AMIA», apunta el informe.

«La primera mandataria entendió que el petróleo iraní tendría la capacidad de aliviar la severa crisis energética que viene atravesando el país», resalta el fiscal.

En las negociaciones comerciales «participó nada menos que uno de los prófugos iraníes, Mohsen Rabbani […]. Él negociaba con nuestras autoridades a través de intermediarios y canales ocultos, un intercambio de petróleo por granos, la venta de armamento y, lo que es más grave aún: su impunidad»

En ese marco, el interés principal de Teherán para suscribir el acuerdo sería «el cese de las notificaciones rojas de Interpol» que pesan sobre los iraníes acusados por el atentado. Las notificaciones rojas de la Interpol impedían la impunidad total de los acusados y tenían la capacidad de dificultar su movilidad trasnacional, «por ello, las partes acordaron hacerlas cesar».

Memorando de Entendimiento

El inicio del intercambio comercial argentino-iraní y, por tanto, la impunidad de los acusados, estaban supeditados a la firma del Memorando de Entendimiento, según recoge el informe. Nisman lo presenta como «la pieza central del plan de impunidad» supuestamente ideado por las autoridades argentinas. Firmado en 2013, el memorándum preveía la revisión de toda la documentación de la investigación judicial, la posibilidad de que los sospechosos del ataque terrorista fuesen interrogados en suelo iraní y la conformación de una «Comisión de la Verdad».

«La firma y ratificación de tal documento implica lisa y llanamente la destrucción de las imputaciones contra los acusados de nacionalidad iraní», asegura el fiscal.

El origen de este memorándum se encuentra en las negociaciones secretas que ambos países iniciaron en 2011 -instigadas por Buenos Aires-, en las que se fijaron los pilares sobre los que se asentaron las conclusiones finales.

Argumenta Nisman que Héctor Timerman viajó en enero de 2011 a Alepo para reunirse con su homólogo iraní, Ali Akbar Salehi, para proponerle retomar las negociaciones «con tal de provocar un acercamiento de orden geopolítico y restablecer plenas relaciones comerciales entre ambos estados». Así se inició un periodo de negociación secreto que se extendió hasta septiembre de 2012, cuando se oficializaron las reuniones.

Aun así, lo oficial y lo oficioso convivían. «Mientras transcurrían las negociaciones diplomáticas públicas», el supuesto plan avanzaba en canales paralelos con Teherán, momento en que para Nisman se gestó el «aspecto fundamental: la desviación de la investigación hacia una nueva y falsa hipótesis que incrimine a terceros y desvincule a los iraníes».

El informe publicado esta madrugada supone un nuevo elemento en la investigación sobre la misteriosa muerte de Alberto Nisman. El fiscal antiterrorista acusó la semana pasada a la presidenta Fernández de encubrir a Irán en el atentado de AMIA y unos días después hallaron su cuerpo sin vida y con un disparo en la sien en el baño de su vivienda. Las autoridades tratan de aclarar las circunstancias de la muerte, tras descartar que hubiera restos de pólvora en sus manos.

Fuente: http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/21/54bf6dea22601d13618b4578.html

MARÍA HERNÁNDEZ