Los internos de las cárceles mendocinas que trabajan deben abonar el 25% de su sueldo para gastos del establecimiento y 10% por las costas del juicio, una disposición que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional en 2011.
En los primeros días de diciembre, una noticia internacional causó gran repercusión en la provincia y en el país: “Holanda quiere que los presos paguen 16 euros diarios por estar en la cárcel”, decía. En las redes sociales y los foros digitales, tronó el reclamo generalizado de que la medida se imitara y ejecutara aquí.
Sin embargo, pocos sabían que Argentina está adelantada a los holandeses, en este aspecto al menos, porque los presos que trabajan en las cárceles de nuestro país deben destinar el 35% de sus ingresos a pagar los gastos que ocasionan en la prisión y los que quedan del juicio que los condenó, como lo ordena el artículo 121 de la ley 24.660.
La disposición no es equitativa y ese es su primer problema porque Mendoza, por ejemplo, con una población carcelaria de 3.967 reos, sólo puede aplicarle el descuento a los 700 presos que trabajan y no al resto que no trabaja ni estudia, porque no hay de donde descontarles.
Es así que a los presos mendocinos que cobran los mejores salarios en la cárcel, cifra que ronda unos 2.000 pesos por mes, el Estado les descuenta según ordena la ley, 500 pesos (25%) para costear los gastos que causa en el establecimiento, 200 pesos (10%) para indemnizar daños y perjuicios de la víctima o costas del juicio, 700 pesos (35%) para la cuota alimentaria de su familia (cónyuge e hijos) y los 600 restantes (30%), que es lo que le queda al preso, va a parar a un fondo propio de ahorro para cuando recupere su libertad.
El resto, en cambio, conocidos como “fajineros”, cobran sumas irrisorias que en algunos casos llegan a 50 pesos por mes y, aunque el ingreso por la prestación que dan sea mísero, se le aplican los descuentos del artículo 121 con los porcentajes indicados.
En el Sistema Penitenciario Federal (SPF), donde también rige esta ley, los internos pagan 27,5 pesos por día porque cobran más que en Mendoza (inclusive un fajinero), debido a que la Nación les paga lo que manda la ley: tres cuartas partes del salario mínimo, vital y móvil que sería 3.300.
A pesar del fallo que marcó la postura de la Corte nacional en 2011, tanto la Nación como la Provincia siguieron haciendo el descuento del 25% “para costear gastos del establecimiento”, aun a riesgo de que los presos pudieran iniciar una demanda masiva con costas e intereses contra el Estado, algo que todavía no ha sucedido en Mendoza.
La sentencia no obliga a Mendoza a eliminar el descuento porque la demanda citada no fue contra la Provincia, sino contra el Servicio Penitenciario Federal.
En Mendoza, nadie acusó recibo todavía: ni el Estado, ni los abogados que representan a los presos, ni los mismos internos que trabajan y podrían, valiéndose de este fallo, lograr que ese 25% que le descuentan, se sume al fondo de ahorro propio.