El 60% de los condenados en la Argentina reciben una pena menor a los tres años de prisión. La mayoría de ellos no van a la cárcel porque el cumplimiento de esas sentencias puede ser condicional, excepto que haya una declaración de reincidencia o la voluntad del tribunal juzgador de hacer efectivo el cumplimiento de la condena.
El cruce de datos sobre sentencias y condenados con penas de hasta tres años en prisión revela que éstos representan sólo el 8% de la población carcelaria, tanto en los sistemas provinciales y como en el federal. Esas sentencias resultan mayoritarias con relación a otras penas aplicadas, según informes del Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales.
Los datos sobre delitos y penas están vedados al acceso público desde hace varios años. La «sensación de inseguridad» se convirtió en el punto de partida de debates sin que haya cifras visibles para comparar si el crimen sube, baja o está estabilizado en la Argentina. Dentro de esa situación de incertidumbre pueden analizarse los números de sentencias de 2012, difundidos por la Dirección Nacional de Estadística Criminal a fines de octubre pasado.
En ese documento se informó que fueron dictadas 29.773 sentencias condenatorias en todo el país; 18.084 tuvieron una pena de hasta tres años y para el resto se ordenó una reclusión por mayor tiempo, incluso la reclusión perpetua en 104 casos. El trabajo oficial indica, a su vez, que en 2011 se conocieron 28.814 sentencias.
De esa manera, 6 de cada 10 condenados tuvieron sanciones que permiten la suspensión de la medida de prisión efectiva. Entonces, una de las preguntas primarias pasaría por conocer qué clase de delito se enjuició. El 86% del total de las sentencias fue por delitos contras las personas y contra la propiedad.
En 19.517 casos fue por delitos contra la propiedad, que incluyeron a 15.521 condenados por robo; mientras que 4979 sentencias fueron por delitos contra las personas, con 1463 homicidios dolosos. Según esas estadísticas oficiales, el 75% de los condenados no fue reincidente, por lo que buena parte de los condenados por robo seguirán en libertad.
Si bien parece una proporción mínima la de las personas que vuelven a ser condenadas por un delito, en las cifras de 2012 se observa que 7486 delincuentes recibieron al menos una segunda sentencia.
Los datos oficiales sirven, además, para verificar que las investigaciones sobre narcotráfico no tienen realmente un peso sustancial en el sistema judicial argentino, pese a que se hace referencia pública al desborde de causas penales por tenencias de drogas. La estadística marca que las condenas por narcotráfico sólo representan el 8% de los casos, con 2372 sentencias durante 2012.
Esa información sobre sentencias permite un cruce de datos con el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, cuya información oficial revela que la población carcelaria en el país alcanza a 64.109 personas; el 49% son presos condenados. La cantidad de detenidos con condena en las cárceles argentinas supera apenas el total de condenados en un solo año por robos, lesiones y homicidios dolosos.
De esos 31.289 condenados en prisión, sólo 2.389 tiene una sentencia menor a los tres años, cifra total de detenidos con esa pena que alcanza a un 13% de las personas que recibieron una condena similar en 2012. Es más, sólo está en prisión el 5% de los condenados a menos de tres años de reclusión en los últimos 36 meses. Se recuerda que en la mayoría de los casos, según ese informe de Justicia, las causas fueron por robo. De acuerdo con esas estadísticas oficiales, el delito no tiene pena de prisión en la mayoría de los casos en la Argentina.
Y eso ocurre pese a que la población carcelaria no dejó de crecer en los últimos años. Desde los 53.337 procesados y condenados que estaban alojados en las cárceles argentinas en 2008 se pasó a 64.109 personas en prisión registradas en 2013. Ese incremento, que llevó al sistema penitenciario argentino al límite de su capacidad, se establece incluso con la situación de sentencias reseñada, que en seis de cada diez casos permite que el cumplimiento de la pena no sea efectivo.
Otro dato permite visualizar que en las prisiones no están todos aquellos que resultan condenados en un año por algún delito mayor. Es que más de 10.000 personas recibieron condenas a más de tres años de reclusión en 2012, según los datos oficiales del Ministerio de Justicia nacional, y cifras similares de condenas se registraron en los años anteriores al relevado. Pues bien, un tercio de los 31.289 condenados en prisión en 2013 estaban alojados en los presidios antes de 2008.
Entre los dirigentes políticos de todos los partidos hubo referencias en el último año, al menos, a la «puerta giratoria» judicial que derivaría en el crecimiento del delito, al mantener en libertad a muchos delincuentes. La comparación entre condenas y presidiarios señala que recibir una sanción judicial no es sinónimo de cumplir una pena en la Argentina.