La Guardia Civil detuvo ayer a 51 personas en varios lugares de España, incluido un exministro regional madrileño, en el marco de una investigación sobre una trama de corrupción en «varios ayuntamientos» y regiones para conceder obras públicas, a cambio de comisiones.
La operación se ha llevado a cabo «contra una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y Comunidades Autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia», informó la fiscalía anticorrupción española en un comunicado.
El operativo está dirigido por un juzgado de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), que en junio abrió diligencias por «delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal».
La fiscalía denuncia una «connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales» para conceder «adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los últimos dos años».
A cambio de estas adjudicaciones de obras públicas, los empresarios pagaban «comisiones ilegales».
Entre los 51 detenidos en Madrid, León, Valencia y Murcia, figura el exconsejero (ministro regional) de Presidencia y Justicia de Madrid entre 2008 y 2011, Francisco Granados, un conservador que también fue alcalde del pueblo madrileño de Valdemoro, según fuentes judiciales.
Granados, mano derecha de la ex presidenta regional madrileña Esperanza Aguirre, dimitió hace ocho meses de su puesto de diputado regional en la Asamblea de Madrid y de senador tras salir a la luz que había tenido una cuenta en Suiza de 1,5 millones de euros.
La operación de este lunes se inició en enero de este año, tras una comisión rogatoria enviada por Suiza por «sospechas graves de blanqueo», lo que dio origen a una investigación en España por parte de la fiscalía anticorrupción, que ha culminado este lunes con la detención de estas 51 personas.