La iniciativa fue presentada este martes por legisladores azules y del sector Integración Peronista. Quieren que no puedan intervenir en proyectos de obra pública las empresas que hayan violado la conciliación obligatoria.

Los legisladores del oficialismo comenzaron a intervenir en la problemática por la suspensión de la mina de Vale en Malargüe con la presentación de un proyecto que busca frenar los despidos de personal.

La propuesta consiste en ampliar el alcance del Registro de Infractores Laborales (ley 8374) al incorporar cláusulas que impidan a las empresas firmar contratos con el Estado provincial durante 10 años si violan procedimientos tales como la conciliación obligatoria.

Los diputados y senadores justicialistas reaccionaron así al despido de operarios en Vale posterior a que el Ministerio de Trabajo de la Nación dictara la conciliación obligatoria la semana pasada.

Esta situación se ha producido en algunas subcontratistas locales de la empresa brasileña. En concreto, este lunes hubo protestas en San Rafael debido al despido de 80 personas de la empresa Distrocuyo.

«Ante la primera situación crítica, gran parte del empresariado actuó maliciosamente y eso no lo puede aceptar una gestión justicialista. La política no quiere este tipo de empresarios», manifestó el senador Germán Gómez.

«La prioridad es el empleo y la cadena de pagos. En el Senado queremos dar muestras concretas de que defendemos el trabajo», agregó el senador Ricardo Pettignano.

Los Blancos. Si bien el proyecto es una norma general, tiene una finalidad concreta: amedrentar a aquellas firmas involucradas en Vale que han comenzado con los despidos y que participan o aspiran a participar en proyecto de obra pública en Mendoza.

Puntualmente desde San Rafael, el diputado nacional Omar Félix había anticipado el lunes que enviaría este proyecto a la Legislatura para afectar la participación de Cartellone en la construcción del dique Los Blancos.

Cartellone cumple precisamente la doble condición de participar en Vale y otros emprendimientos de obra pública. Se asoció en UTE con Distrocuyo (la empresa denunciada por los primeros despidos en la mina de Malargüe) para construir la línea que llevará electricidad al proyecto Potasio Río Colorado y es, a la vez, el privado que se quedó el año pasado con la preadjudicación de Los Blancos.

Aval de Pérez. Pettignano afirmó que el proyecto para frenar los despidos cuenta con el respaldo del gobernador Pérez.

Esto es necesario para tratar con rapidez la norma, dado que la Legislatura se encuentra en periodo de sesiones extraordinarias. El momento del año impide que se trate hasta el 1 de mayo (comienzo de las sesiones ordinarias) cualquier iniciativa que no haya sido enviada por el Poder Ejecutiva, por lo cual Pérez deberá hacer suyo el proyecto si es que quiere contar con la herramienta.

La modificación del Registro de Infractores Laborales fue presentada este martes por legisladores de dos de los tres sectores del PJ mendocino: los azules e Integración Peronista, que agrupa a los sureños que responden a los hermanos Félix. Participaron del anuncio la presidenta provisional del Senado, Miriam Gallardo; y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús.

Los legisladores oficialistas habían estado un día antes con el gobernador Pérez y el vice Carlos Ciurca en la Casa de Gobierno,en una reunión de más de tres horas en la que se evaluaron en conjunto las alternativas de acción política frente a la crisis de la mina de Vale.

En ese encuentro se estudió la propuesta del senador Gustavo Cairo, del PRO, quien propone ampliar el objeto de la recientemente creada empresa provincial de energía (EMESA) para que puede ocuparse de la explotación minera no metalífera.

Esa medida sólo sirve para el mediano plazo, evaluaron algunos referentes opositores. En cambio, el proyecto que presentó hoy el justicialismo busca enfrentar con rapidez la contingencia.

Fuente: Diario El Sol

Por: Juan Carlos Albornoz juan.albornoz@elsol.com.ar