Sostuvieron que la ley es inconstitucional, porque remarcaron que los sueldos se establecen en paritarias. Y aseguran que reproduce desigualdades.

La Legislatura, con el aval del Gobierno provincial, avanzó con la ley de tope de sueldos, que fija el salario del Gobernador como techo máximo en la administración pública. Con la sanción definitiva, el arco duro de los gremios estatales ya analiza los caminos legales porque consideran que la iniciativa es inconstitucional. Así, es posible que recurran a la Corte para impedir su aplicación.

La novela de los sueldos públicos es larga. Cada gobernador tiene problemas para conformar su gabinete por los bajos sueldos del Estado provincial. A su vez, hay un número de empleados estatales que cobran cifras superiores al haber mensual de Francisco Pérez. Para el Gobierno este grupo selecto ronda los 400. La polémica se ha suscitado sobre todo en tiempo de paritarias, donde las negociaciones en los últimos años han sido duras entre la Provincia y los sindicatos.

La ley ahora tiene que ser reglamentada por el gobernador Pérez. Mientras tanto, los gremios estudian la posibilidad de recurrir al máximo tribunal de justicia porque consideran que la norma es «inconstitucional» porque, argumentaron, que los salarios de los empleados públicos tienen que ser fijados en el ámbito de las paritarias. En esta instancia se encuentran Ampros, ATE, Sitea y Judiciales.

Pero además denuncian que la ley ahora sancionada reproduce desigualdades en el ámbito del Estado porque no incluye a los jueces ni a los funcionarios con rango constitucional, como el Fiscal de Estado; el Asesor de Gobierno; el Contador y el Tesororo General de la Provincia; el Tribunal de Cuentas; el Superintendente de Irrigación y los consejeros del tribunal del DGI.

«Viola una serie de principios legales, porque produce desigualdades. No pone en la misma condiciones a los jueces y a algunos funcionarios constitucionales», destacó Víctor Dagfal, de Sitea. «Puede ser usado para pisar los salarios, no para evitar que crezcan sobre el sueldo del gobernador», afirmó para recordar que en la gestión de José Octavio Bordón se sancionó la ley 5811 que también fijó como techo el salario del mandatario provincial.

«El gobernador tiene que ganar bien», consideró Carlos Ordóñez, de Judiciales. Pero replicó que «me preocupa que sea la excusa encubierta del bipartidismo para presionar a la baja del sueldo de todos los estatales. Y hay que preguntarse si el gobernador dice que vive con lo que gana».

«Es un pseudotope», calificó la médica Isabel del Pópolo, de Ampros, por lo selectiva de la ley. Del Pópolo indicó que de los 5800 profesionales de la salud en el ámbito público, apenas 102 cobran 40 mil pesos mensuales, haberes superiores a Pérez en la actualidad.

De recurrir a la Corte, incluso, el tribunal podría tener que apartarse de estudiar los pedidos de inconstitucionalidad. Al menos, en el caso de Judiciales, puesto que la Corte es a la vez patronal. En ese caso, intervendrían conjueces.

En el caso de los magistrados, también están exceptuados de tributar el impuesto a las ganancias, un reclamo actual de los estatales. De hecho, los gremios reclaman al gobernador Pérez que modifique la base de cálculo para quedar exceptuados del gravamen al igual que los jueces, un punto en el que el mandatario todavía no ha dado una respuesta.

Fernando Simón: «No recortamos sueldos, limitamos aumentos futuros»

Ante los cuestionamientos de los gremios estatales, el autor de la iniciativa defendió la constitucionalidad de la misma.

«Ni remotamente», aseguró el senador del FpV, Fernando Simón en torno a la inconstitucionalidad. Pero evaluó que «el planteo que pueden hacer -los gremios- es que se están violando derechos adquiridos. Esta ley no recorta el sueldo, sino que limita aumentos futuros de sueldos exorbitantes. No estamos generando una situación de inequidad. Estamos discutiendo aumentos futuros de una persona que cobra 80 mil pesos, no 7 mil», replicó.

Por otra parte, Simón reconoció que la norma excluye a los jueces y a los funcionarios con rango constitucional. Pero argumentó que para poder hacerlo, primero la Legislatura -y en general el Gobierno y las fuerzas políticas de la oposición- tienen que salvar un escollo fundamental. «No los podemos tocar porque tenemos primero que reformar la Constitución. Tienen una intangibilidad consagrada en la Constitución. Con esta ley no se escapa ningún funcionario», concluyó el senador.

Fuente: El Sol – www.elsol.com.ar/nota/214172/provincia/tope-de-sueldos-los-gremios-estatales-iran-a-la-corte.html