El diputado nacional Enrique Vaquié desmintió que el Gobierno de Mendoza dejara de realizar obras públicas debido al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia y explicó que tanto las obras de infraestructura del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), el Plan de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) y las obras destinadas a mejorar el sistema de agua potable y saneamiento no fueron alcanzadas por este ya que sus financiamientos fueron aprobados antes de la sanción de la ley 8.667.

“Los responsables de la administración provincial argumentan con mala fe que el pedido de la Unión Cívica Radical a la Suprema Corte de Justicia y el resolutivo emitido por el tribunal dejan a Mendoza sin aquellas obras financiadas por el BID/BIRF. Esto no es así, están usando de rehenes a los trabajadores y a todos los mendocinos para apretar tanto a la Justicia como a quienes tratamos de detener la escalada de endeudamiento ilegítimo del Gobierno de Pérez”, afirmó Vaquié.

El diputado nacional recordó que la Legislatura de Mendoza votó la Ley 6455 con apoyo de la totalidad de los bloques parlamentarios en 1996. Esa Ley establece el marco para el endeudamiento para obras de infraestructura del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) financiado mayormente por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo destinado para el programa de riego y drenaje (ejecutado por Irrigación), para caminos rurales vinculados a la producción, inversión para programas de sanidad y calidad vegetal y animal y programas de transferencia de tecnología, información y capacitación de productores. También explicó que idéntico financiamiento y condiciones tiene la Ley 6.847 que habilita el endeudamiento para el Plan de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA). Un caso similar es el de la Ley 8.270 con destino al sistema de agua potable y saneamiento.

“Si Francisco Pérez duda respecto de la continuidad de las obras con financiamiento internacional, puede solicitar una aclaratoria a la Corte que, ante el riesgo institucional, ha sabido expresarse rápidamente, pero le desaconsejo la reacción extorsiva que ha sostenido en las últimas 48 horas”, sostuvo Vaquié.

Además, el economista radical afirmó que la suspensión dispuesta por la Suprema Corte en virtud de la cautelar, mantiene la plena vigencia de la Ley 3.799 de Contabilidad Pública, que habilita aquellos endeudamientos aprobados observando el límite de dos tercios dispuesto por la Constitución. “El resolutivo de la Suprema Corte suspende la implementación de una pésima ley pero en ningún caso ha dicho que la Ley 6.455, o cualquiera de aquellas en las que la Legislatura ha aprobado financiamientos específicos cumpliendo con los extremos constitucionales sea inconstitucional o que no se encuentre plenamente vigente”, concluyó.

—