Cuando el Gobierno les informó el martes último que debían bajar sus precios y congelarlos por 60 días, los laboratorios pusieron el grito en el cielo y amenazaron con ir la Justicia. Pero cuarenta y ocho horas más tarde, y ante el temor a sufrir represalias, la mayoría de las grandes empresas decidieron acatar la norma y retrotraer sus precios a los valores que tenían el 7 de mayo pasado, tal cual les exigía la resolución de la Secretaría de Comercio, según confirmaron a LA NACION cuatro fuentes del sector.

«Nosotros los bajamos, no sé qué estará haciendo el resto. Pero por las dudas ya estamos cumpliendo con la resolución», dijo a LA NACION el responsable de un laboratorio extranjero de primera línea. «Ayer [por el jueves] retrotrajimos los precios. Lo hicimos un día más tarde de lo que decía la resolución, pero lo hicimos, con lo cual no creo que ya recibamos sanciones», confió, por su parte, el número uno de un laboratorio nacional.

Consultados al respecto, entretanto, desde Cilfa, la cámara que reúne a las empresas de capital nacional, confirmaron que tenían conocimiento de que «algunas empresas estaban empezando a bajar sus precios». Mientras que desde Caeme, la cámara de las empresas extranjeras, y Cooperala, que nuclea a las empresas nacionales más chicas, no respondieron a las llamadas de LA NACION.

«Se ve que ayer [por el jueves] empezaron algunos grandes laboratorios a hacer caso. Y después se plegaron los otros, por un tema de competencia, y algunos puede ser por las dudas, por miedo», señaló otra fuente del sector.

Las tres cámaras habían enviado un comunicado conjunto el martes último, apenas conocida la norma, informando que irían a la Justicia, ya que el sector tiene libertad de precios y a su juicio no correspondía a la Secretaría de Comercio fijar ninguna política al respecto. Ahora, aunque todavía no existe un consenso generalizado entre las compañías, la idea que estaría prevaleciendo sería la de presentar una medida cautelar cuestionando la potestad de la Secretaría, pero cumpliendo mientras tanto con la baja de precios fijada por las autoridades.

El martes, a través de la resolución N° 90 de la Secretaría de Comercio, el Gobierno ordenó a los laboratorios dar marcha atrás con las subas de precios de las últimas semanas, y retrotraer sus listas a los valores que tenían el 7 de mayo pasado.

Además, les exigió congelar los precios por 60 días corridos a partir del miércoles último, y les advirtió que «se encuentran obligados a continuar con la producción, industrialización, comercialización y distribución de medicamentos dentro de los niveles necesarios para el abastecimiento del mercado farmacéutico» de la Argentina, «manteniendo el volumen habitual de fabricación y distribución».

Según un relevamiento realizado por la secretaría que dirige Augusto Costa, los laboratorios habían encarecido sus productos entre un 3% y un 4% en mayo pasado.

Aunque fue luego la propia presidenta Cristina Kirchner la que se encargó de reforzar el mensaje hacia la industria, a través de una serie de mensajes en su cuenta deTwitter, donde no sólo deslizó que había habido una cartelización en el sector, sino que además les advirtió a los laboratorios que aquellos que no cumplieran con la norma tendrían multas de hasta un millón de pesos.

Los laboratorios habían firmado un acuerdo de precios con el Gobierno a fines de febrero pasado, después de que la fuerte devaluación cambiaria de enero disparara el índice de inflación.

Entonces, habían acordado retrotraer sus precios a los valores del 31 diciembre de 2013 y aplicar sobre esa base un aumento de hasta un 4% promedio.

El acuerdo empezó a regir en marzo pasado y, según aseguran en la industria, desde abril que están intentando volver a sentarse a negociar con Costa un ajuste de los precios, tal como se hizo en otros sectores o incluso con el plan Precios Cuidados. Y es que, en el medio, los laboratorios debieron convalidar aumentos salariales del 33% como parte de la paritaria del Sindicato de Sanidad, y además tuvieron otros incrementos de costos, en línea con la inflación.

Pero Costa no sólo no atendió a los pedidos de los laboratorios, sino que desde comienzos de junio empezó a citarlos uno por uno a audiencias en la Comisión de Defensa de la Competencia, bajo la presunción de que muchos se estaban cartelizando subiendo sus precios.