Mendoza. Un conflicto largo, con protesta en la calle y oficinas fiscales paralizadas durante varios días. Pero finalmente, el Gobierno pudo cerrar la paritaria con el gremio de los empleados del Poder Judicial, al acordar un 32,1 por ciento de aumento salarial retroactivo a marzo, entre otros puntos. Pero hubo un punto que frenaba el acuerdo: la cláusula de garantía para reducir la amplia brecha salarial entre empleados y magistrados, por lo que se decidió un plazo de 30 días para redactar un nuevo texto.

Judiciales era el último de los gremios estatales considerados duros, ya que conforma el arco con Ampros y ATE, que le faltaba cerrar al Gobierno provincial. Ahora, a un Andrés Cazabán casi afónico -coordinador de paritarios del Ejecutivo- le queda una última negociación, la de los empleados del Instituto de Juegos y Casinos. Mucho más amable, aunque enfrente haya dos gremios en la mesa.

Carlos Ordóñez, secretario general de Judiciales, manifestó su conformidad por el arreglo del 32,1 por ciento -en rigor, cierra en 30,5 en bruto- retroactivo a marzo y sin tope. Además, se resolvió pagar junto con el retroactivo la recategorización del personal de Informática, que se discutía desde el año pasado y comenzar a discutir uno de los reclamos del gremio: que el régimen laboral en las oficinas fiscales tenga una extensión de 6 horas.

«Estamos muy contentos porque el 92 por ciento de los judiciales aceptó la oferta. El conflicto fue largo, el gremio terminó entero, con un ámbito paritario único. Entendemos que el esfuerzo que han hecho entre todas las partes para un conflicto que ha sido largo e importante y llegar a una solución en conjunto ha sido buena», recalcó Ordóñez.

Para Cazabán, el freno no estaba en lo salarial sino en la cláusula de garantía sobre la brecha salarial entre empleados y funcionarios respecto de los magistrados. Según indicó Ordóñez, un juez percibe 8,4 veces más que un empleado que recién ingresa al Poder Judicial. El acuerdo permite que en un plazo de 30 días, a través de una comisión de interpretación, salga una nueva cláusula. Si no llegan a un entendimiento, se recurrirá a la figura del «amigable componedor» para resolver este punto en conflicto. «La cláusula dice que si la brecha se amplía debe corregirse en el primer trimestre del año», apuntó el gremialista.

Cazabán: «El inicio presagiaba que iba a ser complejo y duro»

Cazabán lleva diez años en paritarias. Pero esta es la primera vez que está al frente de las negociaciones en el rol que el año pasado ocupó Mauricio Guzmán. «La evaluación es que como habíamos hecho en febrero es que iba a ser una paritaria dura y compleja. Pero el resultado es muy satisfactorio, tomando en cuenta la situación política al inicio», definió el coordinador de los paritarios.

En ese momento, Cazabán recuerda que las variables macroeconómicas en febrero -devaluación, aumento en el valor del dólar, incremento de precios- no facilitaban precisamente la negociación con los gremios estatales.

«Desde el principio planteamos que dentro de las posibilidades de pago que tiene la provincia, la diferencia no estaba en el porcentaje sino en los plazos de pago. No era una cuestión caprichosa, porque obedecía a las variables macroeconomicas», explicó. Daba cuenta de que si en un principio el Gobierno ofrecía pagar en tres cuotas un aumento del 25 por ciento -que luego fue subiendo paulatinamente hasta quedarse en un promedio de 30,5 por ciento-, finalmente los acuerdos salariales cerraron en un solo pago a partir de marzo.

A este panorama, se le agregó la falta del Presupuesto 2014, que no logró la sanción legislativa, que impactaba indirectamente en el salario.

Con todo, Cazabán resumió: «Estamos conformes. Hemos cerrado un acuerdo con el 99 por ciento de los trabajadores públicos».

Fuente: El Sol