La norma obligará a las provincias a resignar una parte sustancial de su control sobre la actividad.   

En los próximos días, el ministro de Planificación, Julio De Vido, que no participó directamente de la redacción del proyecto, pero fue elegido para reunir el consenso de los gobernadores, se encontrará con algunos mandatarios provinciales para tratar de allanar el camino. Si sus gestiones prosperan, la Presidenta será la anfitriona, el lunes próximo, a las 18, en la quinta de Olivos, de una reunión con los gobernadores. Allí se firmaría un texto de tres páginas, la luz verde para avanzar en una nueva ley de hidrocarburos.

El borrador que circula les impide a las provincias aumentar las regalías petroleras (hoy son del 12%, pero muchas subieron ese porcentaje en los últimos años) y las obliga a organizar licitaciones en las que se dará prioridad al compromiso de inversión de las empresas a la hora de adjudicar yacimientos. Además, restringe la participación de las empresas provinciales de energía, que proliferaron con el padrinazgo del ex presidente Néstor Kirchner.

También les pide a los gobernadores que otorguen estabilidad fiscal a los proyectos de explotación.

Sobre la promoción de inversiones, contempla una extensión de los plazos de concesión para la exploración y producción de recursos no convencionales (como Vaca Muerta), así como mayor flexibilidad cambiaria.

Si la reunión en Olivos sale de acuerdo con lo previsto y los gobernadores firman el denominado Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de Hidrocarburos, el Gobierno se apurará para enviar este mes el proyecto al Congreso, donde ya inició los contactos con vistas a movilizar la discusión.

La senadora Lucila Crexell (del oficialista Movimiento Popular Neuquino, pero opositora al gobernador Jorge Sapag) será una de las encargadas de promoverlo. Fuentes oficiales sostienen que el proyecto en general tiene el visto bueno de su par radical Ernesto Sanz, uno de los referentes del frente opositor Unen.

Desde el principio, la iniciativa oficial cayó mal entre los gobernadores. Sapag, de Neuquén, la principal provincia productora de hidrocarburos y dueña de Vaca Muerta, la formación no convencional a partir de la cual YPF intenta atraer inversiones, fue uno de los que mostraron con mayor vehemencia su disgusto. Él mismo había irritado a Galuccio a mediados de abril con su iniciativa para enviar a la Legislatura provincial un proyecto de ley.

Según la mirada de YPF, esa norma abría la puerta a que, una vez caducadas, las concesiones petroleras vuelvan a la jurisdicción de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), la empresa provincial. Ésa es la clave para que la compañía pueda realizar asociaciones bajo la modalidad carry (acarreo), que permite a las empresas provinciales ingresar en sociedades sin hacer desembolsos a cambio de ofrecer un área para explorar, algo similar a lo que intentó hacer Enarsa a nivel nacional.

Galuccio criticó con dureza ese esquema a fines del mes pasado. «El acarreo es un sistema que va a dejar proyectos por debajo de su viabilidad. En iniciativas difíciles con retornos de inversión bajos, por ejemplo», explicó el presidente de YPF. «Esto genera un efecto regresivo sobre el proyecto. La discusión puede ser incómoda, pero hay que darla», completó. A su derecha estaba Martín Buzzi, gobernador de Chubut y presidente de la Ofephi, la organización que reúne a las estados productores de petróleo.

En las últimas semanas, sin embargo, Sapag acordó una especie de paz petrolera con Galuccio e intentó avanzar en las negociaciones. En su entorno sostienen que el gobernador está dispuesto a acompañar el proyecto siempre que la ley no regule hacia atrás (eso mantendría en funcionamiento a Gas y Petróleo del Neuquén) y confirme que las provincias son las dueñas de los recursos del subsuelo, como indica la Constitución reformada en 1994.

Este viernes, o a más tardar el lunes, se reunirá a discutirlo con De Vido, quien ya anticipó a algunos gobernadores que esos puntos están asegurados. El ministro se iba a reunir ayer, a las 9 de la mañana, con varios líderes provinciales para avanzar en las discusiones, pero postergó el encuentro la noche anterior.

Al igual que los otros distritos petroleros importantes, como Chubut y Mendoza (donde gobierna Francisco «Paco» Pérez), Sapag cree que habrá espacio para que las empresas provinciales se asocien con otras compañías, pese a la negativa de YPF.

Todos parecen estar de acuerdo, además, en que el desarrollo de los recursos no convencionales requiere una nueva normativa que haga homogénea la regulación, hasta ahora parcialmente en cabeza de las provincias.

Los gobernadores, además, intentarán colar en el texto sus propias inquietudes. Por ejemplo, quieren que el Gobierno les asegure un tránsito fluido a los equipos petroleros en su paso por la Aduana, algo que hoy no ocurre debido a las restricciones a las importaciones.

También pedirán el involucramiento de la Nación en la disuasión de piquetes y manifestaciones sociales o gremiales que en ocasiones traban la actividad petrolera. Por Pablo Fernández Blanco  | LA NACION