La Justicia ordenó investigar a la presidenta Cristina Kirchner por el supuesto delito de abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes por la firma de un decreto por el cual convalidó el acuerdo con la petrolera Chevron para la explotación del yacimiento de petróleo no convencional de Vaca Muerta.

La decisión es de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal Horacio Cattani y Martín Irurzún, con la disidencia de su colega Eduardo Farah.

La denuncia fue presentada en julio de 2013 por el diputado de la ciudad Alejandro Bodart, por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el abogado ambientalista Enrique Viale.

Por sorteo recayó en el juzgado de María Servini de Cubría, y la magistrada envió el caso al fiscal federal Eduardo Taiano para que decidiera si había razones para impulsar la acción.

Pero Taiano entendió que no había delito en la firma del decreto y expuso que se habían cumplido los paso formales antes de su dictado.

Entendió que el trámite administrativo previo y los exámenes jurídicos a los que fue sometido el asunto hacen pensar que no fue dictado de manera maliciosa y a sabiendas de que se opone a la ley he Hidrocarburos, como habían sostenido los denunciantes.

Servini de Cubría, en una decisión poco frecuente, dispuso directamente la nulidad del dictamen de Taiano. Pero el fiscal apeló ante la Cámara Federal. Sus argumentos fueron sostenidos por su colega Federico Delgado cuando actuó como fiscal de Cámara subrogante.

Pero la Cámara rechazó sus razones, confirmó la nulidad del dictamen de Taiano y le devolvió vida a la investigación, que estaba herida de muerte.

Taiano había entendido que las conductas denunciadas no eran un delito, pero analizó el asunto como si lo fuera, por lo que la cámara entendió que ésa es la evidencia de que hay una hipótesis delictiva que es necesario investigar.

La Cámara entendió que la visión de Taiano sobre los hechos fue «formal» y «parcializada», pues soslayó aspectos no incluidos en la ampliación de denuncia, por ejemplo el hecho de que no se hubiera remitido el decreto a la Comisión Bicameral Permanente que debe analizar los decretos de necesidad y urgencia como el dictado por la Presidenta.

Los denunciantes Bodart y Viale señalaron que el decreto presidencial 929/2013, firmado en simultáneo con el acuerdo entre YPF y Chevron, «fue sancionado con la clara intención de beneficiar a dicha petrolera norteamericana en la explotación de hidrocarburos en el yacimiento de Vaca Muerta, sito en la provincia de Neuquén, resultando de ello no sólo un perjuicio para el ambiente y para los pueblos originarios que habitan en aquella zona, sino también para la economía y la soberanía de nuestro país en su conjunto».

Los denunciantes señalaron que mediante el acuerdo «se exime a Chevron de pagar al Estado los correspondientes derechos por exportar» y que, «exporte o no el petróleo, a la multinacional Chevron se le garantiza que recibirá siempre el pago a precios internacionales».

«Si a Chevron le permiten exportar el 20% de su producción sin pagar derechos; si le autorizan la libre disponibilidad del 100% de las divisas (y no el 70%, como a otras empresas); si le garantizan un eventual precio interno igual al internacional; si tendrá un arancel cero para importar varios tipos de maquinaria; si la concesión de áreas hidrocarburíferas es por 25 años y prorrogable por 10 años más, y si además se arrasa con los derechos de los pueblos originarios y mediante el fracking se provoca un daño irreparable al ambiente, estamos ante un incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad escandalosos en su forma y su contenido», dice la denuncia.

Ahora, el fiscal de Cámara Germán Moldes debe decidir si mantiene los argumentos de Taiano y busca apelar el fallo ante la Cámara de Casación para que todo quede en nada o si, por el contrario, devuelve el caso a la fiscalía. Allí, Taiano debería decidir si se excusa para seguir interviniendo en el caso, pues él ya opinó que no había delito en la denuncia, y la fiscalía de Cámara debería designar a otro fiscal para que se haga cargo de la investigación.

Tras el fallo de la Cámara Federal que permite que la Justicia ahonde en la investigación del convenio, los denunciantes expresaron su confianza en que ahora se frene el acuerdo con Chevron, aprobado por la Legislatura neuquina en una agitada sesión en medio de incidentes callejeros reprimidos con balas de goma.

«Es un avance trascendente que la Justicia haya resuelto iniciar una investigación a la presidenta en ejercicio del poder. Mi expectativa es que esto permita frenar el acuerdo», dijo Bodart, en referencia al entendimiento por el cual la petrolera se comprometió a invertir 1140 millones de pesos.

EL DÍA DEL ACUERDO

16 de julio de 2013

La Presidenta recibió en la Casa de Gobierno al CEO de Chevron, John Watson. Lo hizo acompañada por el CEO de YPF, Miguel Galuccio, y los ministros Julio De Vido y Axel Kicillof..

Del Editor: qué significa. La causa recién inicia su recorrido. Pero la señal política de la Justicia hacia el Gobierno es más importante que sus efectos jurídicos inmediatos.

Fuente: La Nación