Esto pedidos estarán sobre los escritorios del fiscal de Estado, Javier Fernández; el contador general de la Provincia, José Caviggia; el presidente del Tribunal de Cuentas, Carlos Salvador Farruggia; el asesor de Gobierno, César Mosso Giannini y el tesorero general de la provincia, Mauro Luchetti.

«Intimamos a que se proceda a demandar la nulidad, inconstitucionalidad e inaplicabilidad» reza el documento ya redactado y que espera el primer día hábil tras el fin de semana largo para ser remitido. En él se piden acciones que vayan contra la reciente disposición de «reconducción presupuestaria», tal como la llamó el oficialismo.

La norma en cuestión fue aprobada el pasado lunes 21 en medio de apuros oficiales y quejas opositoras. Es que hasta ahora la materia «endeudamiento» es la que ha frenado la aprobación del Presupuesto 2014, algo que recriminó el gobernador Francisco Pérez en el discurso del 1 de Mayo a los radicales, sobre todo a los conducidos por el intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo.

El mandatario recordó que el peronismo había aprobado los pedidos de endeudamiento a Julio Cobos, aun cuando representaban el doble de lo que ahora pide él.

Pero frente a la traba legislativa, el Gobierno encontró un atajo para endeudarse, a través de modificar un capítulo en la ley de Contabilidad, algo que logró en menos de una semana.

Esto fue lo que hizo estallar las denuncias (hasta ahora verbales) de ilegalidad, ya que se autoriza a la Provincia a tomar créditos sin el aval de los dos tercios de las Cámaras de Diputados y Senadores, tal como está fijado.

De allí las cartas documento con las que avanza el radicalismo. En sí, tal como dijeron, esta presentación no frena en los hechos al Ejecutivo en su avance de tomar deuda (tal como adelantó que lo haría el ministro de Hacienda, Marcelo Costa), pero sí es un primer paso dentro de las medidas penales con las que había amenazado la UCR.

Este avance consiste en intimar y poner todas las fichas para que los destinatarios del pedido, entre quienes está el fiscal de Estado, declaren la inconstitucionalidad.

«Tenemos 30 días a partir del 25 de abril, cuando se publicó en el Boletín Oficial, para reclamar su inconstitucionalidad. Les estamos dando el tiempo suficiente para que analicen la parte viciada de la ley», explicó el diputado provincial Martín Kerchner y a su vez acusó: «Por un pedido y trámite exprés, tanto Pérez como su ministro Costa lo único que hacen es interpretar la Constitución diciendo que todo gasto es ordinario».

Sobre este punto, el artículo 99 inciso 3 de la Constitución provincial dice que de no haber aprobación presupuestaria, «continuará el vigente en sus partidas ordinarias». Es aquí en donde se presentan las divergencias.

Desde el Gobierno defienden que por gastos extraordinarios (no autorizados constitucionalmente) se entienden aquellos «sucesos infrecuentes en el pasado y con comportamientos similares en el futuro», según definió Costa. Es por eso que en el oficialismo dicen que a través de la «reconducción presupuestaria» sólo se le da el marco jurídico para lo que ya se venía haciendo.

Pero en el radicalismo retrucan el concepto y dicen que «todo entra en el concepto de gasto ordinario y no establecen qué sería lo extraordinario», reclamó Cornejo y diferenció las posibilidades que tiene ahora el Gobierno a partir de la modificación de la Ley de Contabilidad.

«La atribución que les da la Constitución es una autorización de gastos, algo que tiene todo gobierno. El tema es que cuando lo hace sin Presupuesto, si el gasto es extraordinario; son pasibles de una denuncia penal los funcionarios. Ahora, con la modificación aprobada, pueden cubrirse de demandas y endeudarse sin la autorización de los dos tercios necesarios», explicó.

En base a la explicación técnica, los radicales descargan sus críticas: «Violan el espíritu y la letra de la Constitución», interpreta Cornejo.

«No podemos tomar deuda en estas condiciones. Dejemos de perder el tiempo y busquemos la improductividad en el Estado. Eso de echar gente es mentira», dice Kerchner respondiendo a Pérez y argumenta: «No le damos deuda porque la han administrado mal. La están pidiendo para pagar sueldos».