El año pasado , el Congreso Nacional, a instancias de la presidenta Cristina Kirchner, aprobó un paquete de leyes de reforma judicial, entre las que incluyó la obligación de los jueces de presentar sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA), que depende del Ministerio de Justicia. Eso motivó numerosas presentaciones judiciales y la Corte Suprema finalmente declaró que muchas de esas reformas eran inconstitucionales o, al menos, inaplicables.
Uno de esos fallos se refirió, precisamente, a las declaraciones juradas. Aplicando su propia decisión, el martes último, la Corte Suprema, mediante una acordada, estableció que las declaraciones juradas serán guardadas en la Secretaría de Administración de la Corte.
La acordada del máximo tribunal busca llevar tranquilidad a los jueces y funcionarios, que no quieren quedar expuestos a presiones del Poder Ejecutivo.
En principio, la acordada es aplicable sólo para jueces y funcionarios del máximo tribunal, pero todos los jueces inferiores y funcionarios también se benefician con ella hasta tanto el Consejo de la Magistratura adhiera a este mecanismo o adopte otro.
LA ACORDADA
La acordada 9/14, firmada por los siete jueces de la Corte, dispuso el «reglamento de presentación y consulta de las declaraciones juradas patrimoniales y su anexo reservado». Además, se invita al Consejo de la Magistratura a adherir al procedimiento aprobado con las adecuaciones que correspondan. En este sentido, señala que «hasta tanto el Consejo de la Magistratura sancione el ordenamiento correspondiente en esta materia -el que deberá ser puesto en conocimiento de este Tribunal-, será de aplicación, en lo pertinente, el régimen que por la presente se aprueba».
En medio de una fuerte embestida del Gobierno contra la Justicia, en 2013, el Congreso, a instancias del kirchnerismo, había aprobado seis leyes de reforma judicial, de las cuales quedó muy poco en pie luego de que la Corte declaró muchos de sus artículos inconstitucionales o simplemente inaplicables.
La acordada hace hincapié en que «la adecuada preservación de la independencia de esta rama del gobierno federal impone que esta Corte ponga en ejercicio las atribuciones constitucionales que le han sido reconocidas como titular del Poder Judicial». De esta forma, la Corte busca «adaptar el régimen vigente a los requerimientos de la ley 26.857», dice el tribunal.
Según el Tribunal, están obligados a presentar declaraciones juradas «los ministros de la Corte Suprema; los funcionarios con cargo no menor a secretario de primera instancia o equivalente, y todos los funcionarios de cualquier jerarquía que administren o participen en la gestión de fondos públicos».
En el artículo 3 de la acordada se establece que «la Secretaría General de Administración tendrá a su cargo la recepción, custodia, registro y archivo de las declaraciones juradas patrimoniales integrales». Éstas serán solicitadas anualmente, entre el 1° de abril y el 31 de mayo, y se informa también que «los sujetos obligados deberán presentar la declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles judiciales siguientes a la fecha de asunción del cargo y del cese en las funciones».
El artículo 5, en tanto, especifica que la declaración jurada patrimonial integral que deberán presentar los jueces y funcionarios «deberá contener el detalle de los bienes, créditos, deudas, ingresos y egresos, radicados, generados o efectuados en el país y en el extranjero, valuados de la forma estipulada por la AFIP para la declaración jurada de los impuestos a los bienes personales y a las ganancias, según corresponda».
CON LA FIRMA DE LOS SIETE JUECES
Ricardo Lorenzetti – Presidente de la Corte Suprema
Los siete jueces de la Corte, mediante una acordada, decidieron que será el máximo tribunal el que reciba y archive las declaraciones juradas de los jueces y otros funcionarios. Por Adrián Ventura | LA NACION
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