Excepto en la Argentina, avanza en la región la ley de derribo

Bolivia ya autorizó la acción contra aviones ilegales; se prevé que la Casa Rosada siga sin aprobarla

Operativo Fortín II: el próximo mes será instalado en Formosa uno de los radares militares fabricados por la empresa Invap, el primero luego de la evaluación del prototipo.

Bolivia se sumó la semana pasada a los países sudamericanos que promulgaron una ley de derribo de avionetas ilegales. El presidente Evo Morales anunció que esa norma «será un elemento importante en la lucha contra el narcotráfico». Siguió así los pasos de Venezuela, que aprobó una iniciativa similar en octubre pasado y la puso en práctica en varias ocasiones en estos meses. Morales considera que su país «se ha convertido en tránsito de vuelos ilícitos» y decidió poner un límite drástico.

Esas aeronaves cruzan casi en forma diaria la frontera aérea con la Argentina. Pero en nuestro país el tratamiento legislativo de una ley de derribosencuentra un firme freno en el propio Gobierno, mientras que la oposición pide la sanción y la aplicación de una medida de ese tipo para combatir el narcotráfico.

La decisión tomada por Bolivia llegó apenas un par de días antes de que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, admitiera ante el Congreso que se investigan 500 potenciales pistas de aterrizaje clandestinas. Tanto el interés de Bolivia por detener ese tránsito ilegal como el alto número de eventuales narcopistas apuntan a la magnitud que alcanzó en los últimos años el problema de los vuelos clandestinos. Eso fue advertido ya muchas veces por los jueces federales del norte argentino.

El Gobierno apuesta a consolidar una táctica de seguridad basada en la triangulación de informes de radares, de inteligencia y de la Red de Observadores Aéreos, conformada por grupos de gendarmes que operan en las zonas identificadas como posibles pistas de aterrizaje de avionetas con drogas. Pero la ley de derribo no forma parte de la agenda oficial; así lo aseguraron a LA NACION importantes funcionarios nacionales.

Berni expuso, además, la opinión consolidada en las áreas de seguridad y de defensa sobre el rol de los radares como parte de un sistema de control y no como una «solución mágica». De todas maneras, el próximo mes el Gobierno apostará a demostrar su esfuerzo en ese tema con la instalación de un nuevo radar militar fabricado por el Invap, que será desplegado en Formosa.

El plan de radarización militar de la frontera norte implica la ubicación de dos líneas de tres radares, una en los primeros kilómetros de la frontera y la otra en profundidad, basada en los radares militares instalados en aeropuertos de capitales provinciales. La información de esos equipos por ahora no derivó en la apertura de alguna causa judicial contra los vuelos narcos, tal como surge de las investigaciones de los jueces federales del Norte.

La captura de avionetas llegó, sí, mediante el uso de tropas especiales de Gendarmería, que se mimetizan durante muchos días en los alrededores de las posibles pistas y brindan información de mejor calidad que la que proveen los radares.

POCA RELEVANCIA

Al no existir interceptación aérea, la información dada por los radares carece de relevancia inmediata, afirman quienes leyeron cada notificación de los Tránsitos Aéreos Irregulares (TAI). La posición oficial en contra de una ley de derribo se consolidó en las últimas semanas cuando el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, señaló en el Congreso que no se avanzará en una norma de ese tenor. No fue un mensaje menor, ya que Capitanich fue el primer legislador que presentó un proyecto de ley de derribo, en 2004. Ahora reconoció su cambio de posición y, por lo tanto, rechaza su anterior propuesta de tiro aéreo contra vuelos ilegales.

Desde hace años, oficiales de la Fuerza Aérea, tanto veteranos como jóvenes, consideran inevitable candidato a prisión al piloto que dispare contra una avioneta civil y a los jefes que den la orden.

Salvo el sistema de armas A4 –jet demasiado potente para mantener una secuencia de comunicaciones radiales y visuales con una avioneta- y algunos pocos Pampa artillados, los aviones de combate argentinos no pueden grabar la secuencia de disparo y, en consecuencia, sólo dispondrán del testimonio del artillero como prueba de su correcta actuación.

El Gobierno y los militares del aire coinciden, por razones diferentes, en oponerse a la ley de derribos. Menos convencimiento causó entre pilotos la ley aprobada por Evo Morales, que deja en manos de un militar la decisión final de disparar contra una aeronave. Aquí, en cambio, la orden de abrir fuego quedó en manos del secretario de Asuntos Militares -el viceministro de Defensa, en la práctica- en las cuatro oportunidades en que los gobiernos kirchneristas aprobaron decretos de aplicación de normas de derribo frente a potenciales riesgos en cumbres presidenciales, desde Mar del Plata en 2005.

En Balcarce 50 se quitó vuelo además a la idea del año pasado de introducir al Ejército en la lucha contra el narcotráfico. Esa opción militar quedó registrada en el decreto que diseñó el Operativo Fortín II, en el Norte, con participación castrense contra el tráfico de drogas. Del ambicioso plan de 4500 efectivos del Ejército en la frontera se pasó a unos 1200 divididos en turnos de patrullas por lugares en los que ni siquiera los narcos pasan.