Lo presentaron ayer la kirchnerista Diana Conti y Alicia Comelli, del aliado Movimiento Popular Neuquino (MPN), y tiene como eje la creación de un cuerpo especial de mediadores. Fue luego de la polémica generada la semana pasada por la iniciativa del chaqueño Juan Manuel Pedrini (también firmada por Conti, Carlos Kunkel y Teresa García), resistida por la izquierda, por algunos sectores del oficialismo y de la que tomó distancia el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

 Para cumplir el deseo de la Presidenta, que había pedido al Congreso la sanción de una norma para regular la protesta, la idea en el bloque que conduce Juliana Di Tullio es avanzar en la discusión y elaborar un dictamen de consenso con la oposición.

Pensada como un complemento de proyecto de Pedrini, que contempla la figura del mediador, pero en la órbita del Ministerio de Seguridad, la iniciativa de Conti y Comelli propone la creación de una Comisión de Mediación en la órbita del Ministerio de Justicia, destinado a intervenir, de manera obligatoria, en todas las protestas sociales. Quedan incluidos «los cortes de ruta, las movilizaciones populares, la interrupción del tránsito terrestre, naval o aéreo, la toma de establecimientos públicos o privados, la ocupación de inmuebles y cualquier manifestación análoga».

Se trata de la reproducción, con algunos retoques mínimos, de un proyecto presentado, en 2008, por el ex diputado kirchnerista Oscar Massei, actual juez del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén.

Lo más novedoso de la iniciativa de Conti y Comelli es que, en uno de sus últimos artículos, contempla uno de los principales reclamos de los partidos de izquierda: propone declarar «la amnistía de todas las personas incursas en delitos cometidos en el marco de protestas, movilizaciones y reivindicaciones sociales, gremiales y políticas, producidas a partir del 10 de diciembre del año 2001» hasta hoy.

Sólo se deja afuera de ese perdón a aquellos que hayan cometido o estén acusados de «delitos de homicidio, lesiones graves y cualquier otro que implique el ejercicio directo de violencia física sobre las personas».

Sin cifras oficiales, de aprobarse, la amnistía abarcaría a más de 5000 personas, de acuerdo con un relevamiento elaborado en 2012 por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, un colectivo de agrupaciones de izquierda y organismos de derechos humanos enfrentados al Gobierno.

El caso más notorio es el de Fernando Esteche, referente de Quebracho, condenado por daño e incendio y detenido desde el 3 de diciembre pasado, por el ataque contra un local del ex gobernador de Neuquén Jorge Sobisch, tras la represión policial que mató al maestro Carlos Fuentealba.

Según el proyecto de Conti y Comelli, ante el surgimiento de una protesta, las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial o el Ministerio Público deben dar inmediata intervención a la comisión. Esa institución enviará en forma urgente, según se prevé en el proyecto, delegados al lugar de la protesta para iniciar la mediación. En el transcurso de la negociación, los manifestantes deberán flexibilizar la protesta y la policía no podrá intervenir, salvo que haya hechos de violencia.

En caso de no alcanzarse un acuerdo, dice el proyecto, las fuerzas de seguridad deberán intimar a los manifestantes a deponer la protesta y, sólo si la orden no es obedecida, quedará habilitado el uso de la fuerza. Como las protestas son en la mayoría de los casos jurisdicción provincial, se propone crear comisiones análogas en todo el país

Por Gabriel Sued  | LA NACION