El gobierno de Cristina Kirchner tomó distancia de la emergencia en seguridad que declaró ayer el gobernador bonaerense, Daniel Scioli . La Presidenta quiere sacar de la agenda pública lo que considera una psicosis injustificada por la ola de robos, homicidios y linchamientos . Pero al mismo tiempo analiza medidas contra los motochorros y contra los extranjeros que ingresan al país para delinquir. Además presiona a la Corte Suprema para que los jueces interpreten la ley de manera rigurosa y sin liberar delincuentes.

Según confiaron a LA NACION altas fuentes de la Casa Rosada, todavía hay discrepancias internas dentro del kirchnerismo sobre la necesidad de debatir un nuevo Código de Procedimientos Penales.

El secretario legal y técnico, Carlos Zannini; el jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Justicia, Julio Alak, no consideran oportuno instalar el debate parlamentario sobre esa modificación ni sobre la del Código Penal.

La intención es sacar la inseguridad de la agenda y por ello también quedó paralizado el tratamiento del nuevo Código Civil, criticado por liberar de responsabilidad a funcionarios y comprometer el derecho de propiedad. Tiene media sanción en el Senado y está frenado en Diputados.

La intención del Gobierno es esperar un contexto de menos crispación social sobre el tema de la inseguridad. Tal vez, sea durante la Copa Mundial de fútbol de Brasil, cuando la atención periodística esté depositada en el deporte.

«Con la gente linchando delincuentes en las calles, y con Sergio Massa haciendo política con el Código Penal, no se puede llevar el tema al Congreso. Y también se va a congelar el Código Civil», señaló un funcionario de la Casa Rosada.

El secretario de Seguridad, Sergio Berni, sostiene, directamente, que no hay que reformar el Código Penal sino cumplir el actual, y que los jueces deben llegar a un acuerdo, promovido desde la Corte Suprema, para interpretar la ley de manera que no caratulen un robo como tentativa de hurto y liberen al delincuente en pocas horas.

Berni habla con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para que el máximo tribunal elabore una acordada que evite las interpretaciones blandas de la ley y establezca criterios uniformes. Esto es medular para Cristina Kirchner.

El Gobierno se fastidió con Scioli porque no consultó su declaración de emergencia. Sospechan que se quiso diferenciar de Cristina y retomar la iniciativa con miras a su candidatura presidencial. Además, sostienen que sólo anunció medidas para agilizar la administración interna para comprar equipamiento atrasado. Se reflota la batalla de recelos con Scioli.

La Casa Rosada dice que bajaron los índices de delito y que por ello Berni fue postulado como delegado a la Interpol para las Américas. De todos modos, el secretario de Seguridad sí quiere debatir una reforma procesal contra la opinión de los otros sectores de la Casa Rosada.

El secretario de Justicia, Julián Álvarez, de La Cámpora, no tiene claro el rumbo. Hace unos días colgó en la página web del ministerio una convocatoria a audiencias públicas para debatir en todo el país el Código Penal. Pero el jueves pasado sacó el llamado de la página oficial. También la idea era llevarlo a las facultades de Derecho.

La Presidenta le pidió a Zannini sacar de la agenda política la inseguridad y neutralizar a Massa. De hecho, ella misma minimizó el problema cuando lo redujo a un problema de exclusión social pese a sostener que su modelo económico fue el más inclusivo de la historia.

¿Habrá alguna medida para evitar los recientes linchamientos? Los ministros aseguran que no hay nada para hacer. Zannini propuso internamente: «Tiremos mucha guita abajo para calmar los ánimos». Traducido: más planes sociales. Otros consideran que es un fenómeno pasajero y la semana próxima no estará en la agenda.

Por inspiración de Cristina, Capitanich enarboló la teoría de que existe un complot entre la prensa, Massa y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. En declaraciones a Radio Mitre, Berni contradijo a Capitanich. Señaló que la inseguridad «no es culpa de los medios, sino del delito», aunque también culpó a los jueces de liberar los delincuentes que detiene la Policía Federal. «El delincuente fue detenido. ¿Quién lo libera, la policía o la Justicia? Los jueces no dan la solución que la sociedad necesita», denunció (ver aparte).

Berni sorprendió al anunciar un paquete de leyes, entre ellas, una para «los robos con motos, muy utilizadas en delitos menores». Pero no dio precisiones. Además, dentro del Gobierno se supo que se buscan soluciones para evitar que extranjeros ingresen a la Argentina para delinquir.

BERNI DIJO QUE LOS CULPABLES SON LOS JUECES

• «El delincuente que fue detenido, ¿quien lo liberó? ¿La policía o la Justicia? Los jueces no dan la solución que la sociedad necesita. Los jueces tienen más preocupación por defender los derechos de los delincuentes que los del resto de la sociedad», advirtió ayer el secretario de Seguridad, Sergio Berni.

• «No creo que haya un Estado ausente. Hay organismos del Estado que tienen que rever su accionar. Hace más de un año que vengo planteando la preocupación de la liberación de los presos. He ido a verlo al presidente de la Corte para que los jueces tengan una mirada diferente», agregó.

• Llamó a «discutir un paquete de leyes, para atender por ejemplo los robos con motos, utilizadas en delitos menores. La inseguridad no es culpa de los medios. Es culpa de los delitos, los hechos delictivos existen y no se pueden negar».

Por Mariano Obarrio | LA NACION