Mendoza. En la sexta semana de audiencias el Megajuicio por crímenes de lesa Humanidad se terminó con la lectura de requerimientos a los imputados. Por su parte la Fiscalía y las querellas pidieron ajustes en las calificaciones y prisiones preventivas y las defensas la nulidad de los elevamientos a juicio.

El Tribunal aceptó las acusaciones y rechazó los otros dos pedidos.

El lunes 7 se resolvería si se permite la autodefensa al excamarista Otilio Roque Romano.

Además, algunos imputados, entre ellos el ex juez Francisco Miret, expresaron que van a declarar.

De manera sintética, las desapariciones forzadas deben considerarse homicidio agravado, las torturas y vejaciones como tormentos agravados, los robos realizados por las patotas en el momento y lugar de secuestro de las víctimas se juzgan como robo agravado, los secuestros se califican como privación abusiva de la libertad agravada, la duración de la detención ilegal (que es una agravante) se considera como la sumatoria de los días en todos los lugares en los que se estuvo en cautiverio.

Además Romina Ronda, subsecretaria de Justicia y representante del Gobierno de Mendoza como querellante, consideró y pidió que las violaciones y abusos sexuales se consideren, tal como ya fue reconocido, como torturas particulares dentro del plan sistemático.

Sobre las acusaciones de complicidad, tanto el Ministerio Público como las querellas, coincidieron que en el caso de quienes cumplían funciones en la Justicia Federal y no hicieron en cuanto a la investigación de detenciones ilegales y torturas, aportaron a ese crimen, según palabras del titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat.

En este sentido es que el Tribunal dio a lugar la calificación como partícipe primario de los ex magistrados.

Los agentes de la fuerzas de seguridad señalados como encubridores, por ejemplo quienes manejaron los móviles utilizados en los secuestros, fueron considerados coautores de los delitos juzgados.

Finalmente, la comisión de asociación ilícita, contemplada en las acusaciones de la mayoría de los imputados, fue considerada para todos ellos en tanto organizadores o integrantes de un aparato organizado de poder que llevó adelante el terrorismo de Estado.