CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) es una organización que se define como independiente, apartidaria y sin fines de lucro que trabaja por un Estado justo. Esa organización, había solicitado que se le informaran datos precisos sobre los planes sociales administrados por el estado además del alcance territorial y el nombre de los funcionarios que intervinieron en el proceso de adjudicación.

La Corte Suprema atendió ese reclamo y ahora el Ministerio de Desarrollo Social deberá dar a conocer el modo en que ejecuta el Presupuesto asignado por el Congreso.

Para sustentar el fallo, el organismo máximo de justicia recordó que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas afirmó que la libertad de información es un derecho humano fundamental y la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas y que abarca el derecho a juntar, transmitir y publicar noticias. Y que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos instó a los Estados a que respeten el acceso a la información pública a todas las personas.

En el fallo se sostiene que el fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Los ministros Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Carmen Argibay votaron por separado aunque en sentido concordante con los principales fundamentos desarrollados por sus colegas. Señalaron que es inadmisible la defensa opuesta por el Ministerio de Desarrollo Social en el sentido de que permitir el acceso a los padrones de beneficiarios pondría en evidencia la situación de «vulnerabilidad» social en que se encuentra cada uno de los empadronados. Destacaron que la «vulnerabilidad» de muchos conciudadanos es una experiencia cotidiana que lastima a quienes la sufren y a quienes son testigos de ella, todos los días. No es ocultando padrones que se dignifica a los vulnerables. Por el contrario –expresaron-, haciéndolos accesibles se facilita que las ayudas estatales lleguen a quienes tienen derecho a ellas.

Los ministros Petracchi y Argibay agregaron que la transparencia –no la opacidad- beneficia a los vulnerables. Ayudarlos no es ignominioso, subrayaron; «la ignominia es pretender ocultar a quienes se asiste, pretendiendo que impere el sigilo en el ámbito de la canalización de la fondos públicos. Fondos que, parece innecesario aclarar, no son del Ministerio sino de la sociedad toda», finalizaron.

Fuente: Mdzol