“Los intendentes deben tomar un rol más importante en la resolución de los problemas de inseguridad”, señala un comunicado de prensa enviado por Richard Bataggion, presidente Partido Demócrata de Mendoza.

 Los demócratas sostienen que “el aumento de la criminalidad es ostensible” ya que “en lo que va de 2014 se contabilizan más de 50 asesinatos, además de la inquietante aparición de bandas de narcotráfico”.

Por otra parte, frente a la escases de recursos, el presupuesto no ha podido aprobarse aún por falta de acuerdo sobre el financiamiento del déficit, resulta indispensable pensar en nuevas y originales formas de enfrentar el delito, con capacidad de innovación, para poner todos los recursos del estado al servicio de un Plan Estratégico.

 “Sin perjuicio de señalar la necesidad de extender la instrumentación del Código Procesal Penal a todos los departamentos de la provincia, creemos que los intendentes deben tomar un papel más activo en el sistema de seguridad de la provincia”, señalan y advierten que “los jefes comunales tienen una estrecha y cercana relación con toda la comunidad, contacto directo con fuerzas vivas y uniones vecinales y presencia activa, política y social, en las zonas más conflictivas de cada departamento, por eso tienen mucho que aportar en la estructuración e instrumentación de un plan de seguridad”.

 Explican que para materializar esta iniciativa basta con modificar cuatro artículos de la Ley 6721 de modo de poner en valor los Consejos Departamentales de Seguridad, creados en la Ley de Seguridad Pública Provincial, pero que nunca se han podido poner en marcha definitiva y eficientemente.

 “Creemos que la razón del fracaso, en la instrumentación de estos consejos, es producto de que el coordinador de estos ámbitos se ha previsto en la ley que sea designado por el Poder Ejecutivo Provincial”, dicen y agregan que la reforma que proponen consiste en “establecer que el coordinador de los Consejos Departamentales sea designado por el Intendente, de modo que el ejecutivo municipal asuma la responsabilidad política de hacer funcionar efectivamente a este espacio multisectorial diseñado para contribuir  con la misión de la policía de garantizar la vida y los bienes de los ciudadanos”.