El oficialismo en Diputados le dio media sanción este miércoles por la noche a la reforma de la ley de Inocencia Fiscal, que busca ampliar el universo de contribuyentes que puedan formalizar ahorros que mantienen fuera del sistema sin penalidades, luego de conseguir la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa será girada al Senado para continuar su trámite legislativo. En la votación en particular, todos los títulos del proyecto obtuvieron el mismo resultado.

La medida fue acompañada por Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), los misioneros y catamarqueños de Argentina Federal, así como otros bloques provinciales aliados a la Casa Rosada, como los sanjuaninos, los tucumanos y los catamarqueños.

El bloque Provincias Unidas, en tanto, se dividió: los cordobeses aliados al gobernador Martín Llaryora rechazaron el proyecto junto con el socialista Esteban Paulón y los radicales críticos Mariela Coletta, Martín Lousteau y Pablo Juliano. Los santafecinos referenciados con Maximiliano Pullaro, en cambio, votaron a favor: Gisela Scaglia y José Núñez, así como los jujeños alineados con Carlos Sadir, Jorge Rizzotti e Inés Zigarán, y Jorge Ávila, cercano al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

En contra votó el peronismo, la Izquierda, Nicolás Massot (Encuentro Federal), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Marcela Pagano (Coherencia), Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) y Jorge Fernández (Primero San Luis).

La sesión continuó con el debate del acuerdo Mercosur-Singapur. Tras ello, se seguirá con el resto del temario: la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la harina y la fécula de mandioca y distintos proyectos para declarar capitales simbólicas en Corrientes, Tucumán, la Ciudad de Buenos Aires, Salta, Chivilcoy y San Juan.

Se aboordará además la creación de segundas salas en las Cámaras Nacionales de Apelaciones de Tucumán y Mar del Plata, ambas iniciativas con media sanción del Senado.

El proyecto modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, vigente desde 2025. Entre otros cambios, elimina los topes para ingresar al sistema: ya no regirán los límites de $10.000 millones de patrimonio y $1000 millones de ingresos. Se mantendrán como requisitos tener residencia fiscal argentina y no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional.

La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, miembro informante del dictamen de mayoría, sostuvo que la reforma apunta a “confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos” y dejar de tratarlo como sospechoso por haber recurrido al ahorro informal para protegerse durante períodos de alta inflación.

También aseguró que permitirá a ARCA concentrar sus controles en quienes presenten inconsistencias relevantes: “Aquellos que tienen discrepancias de determinados montos que generen sospechas de que esa persona está generando un ingreso que no corresponde”.

La oposición, en cambio, denunció un nuevo blanqueo y cuestionó que se reduzca la capacidad del Estado para fiscalizar fondos cuyo origen no pueda ser justificado.

“Es mucho más que una simplificación tributaria”, sostuvo Ariel Rauschenberger, de Unión por la Patria (UP), quien advirtió sobre “un cuasi blanqueo de dinero para operaciones inmobiliarias” y una presión sobre la Unidad de Información Financiera (UIF) para flexibilizar la normativa contra el lavado de activos.

“Los que tienen más patrimonio e ingresos tienen más posibilidades técnicas de ocultar o diferir ingresos”, agregó.

A pedido de los bloques aliados, el oficialismo incorporó una restricción para los funcionarios públicos. Quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad durante los cinco años anteriores a la adhesión podrán utilizar el sistema simplificado para presentar su declaración jurada y pagar Ganancias, pero no accederán a sus beneficios.

La restricción alcanza, entre otros, a funcionarios desde el rango de secretario de Estado, legisladores y concejales, parlamentarios del Mercosur, jueces y fiscales, defensores del Pueblo y miembros de los consejos de la Magistratura y jurados de enjuiciamiento.

En esos casos, no regirá la presunción de que lo declarado es correcto ni la protección de la llamada “discrepancia significativa”. ARCA podrá fiscalizarlos ante cualquier diferencia detectada y aplicarles multas y sanciones bajo las reglas generales.

“No nos tiembla el pulso a la hora de generar más transparencia y menos impunidad”, afirmó Rodríguez Machado. Aclaró además que, ante una denuncia por un posible delito, “se lo va a investigar” y caerá la presunción prevista por el régimen.

La diputada recordó que los funcionarios deberán seguir presentando sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) y que se mantiene el régimen de Personas Expuestas Políticamente (PEP). “Tienen que informar cuando tienen una transacción comercial, cuando abren una cuenta, cuando exteriorizan su moneda. Eso no se elimina”, señaló.

El cambio buscó blindar el proyecto frente a las críticas por casos de funcionarios que se habían acogido al régimen, entre ellos el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y el diputado José Luis Espert. “Algunos pretendieron ponerle a esta ley un nombre propio destinado a algunos funcionarios”, reconoció Rodríguez Machado.

Pero la diputada Gisela Scaglia (Provincias Unidas) puso el foco en un punto sensible: subrayó que los familiares de funcionarios públicos sí podrán acceder al régimen simplificado de Ganancias y a sus beneficios. “Nos falta ahora incorporar también a los familiares, que deben seguir sujetos a las obligaciones que corresponden a las personas políticamente expuestas”, reclamó. El planteo remite directamente al caso de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, quien adhirió al régimen vigente en medio de la investigación judicial sobre el patrimonio del matrimonio.

El oficialismo modificó el proyecto para excluir de los beneficios a funcionarios y exfuncionarios de los últimos cinco años, pero no extendió esa restricción a sus cónyuges y familiares.

El dictamen también reduce en un 25% las multas por determinadas infracciones formales para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro. A eso se suma una quita del 50% para ciertas multas anteriores que todavía no estén firmes o canceladas, siempre que se regularice el incumplimiento.

Además, limita la posibilidad de que ARCA cuestione el origen de fondos correspondientes a ejercicios anteriores, flexibiliza el criterio de “discrepancia significativa” y aclara que los pagos en efectivo realizados mediante escrituras públicas son compatibles con el régimen.

Rauschenberger cuestionó esos cambios y advirtió que implican una “reducción deliberada de la capacidad fiscalizadora de ARCA para controlar fondos no justificados”. “Defender esa capacidad significa defender un sistema impositivo equitativo y que tenga herramientas para hacerlo”, afirmó.

Juan Grabois, también de UP, fue más allá. Buscó marcar un contraste entre el trato del Gobierno a las familias endeudadas y a los evasores. Cuestionó que se responsabilice a quienes toman créditos a tasas exorbitantes y puso como ejemplo a una mujer a la que Mercado Pago “le ofrece 100 mil pesos a una tasa de interés anual del 720%”. “Esa doña que tiene que pagar una cuenta es culpable. Pero el evasor es inocente. Pobre inocente”, ironizó. Y contrapuso ese beneficio con la carga que soportan los sectores de menores ingresos: “El laburante paga el impuesto a la pobreza, que se llama impuesto al valor agregado”.