Un problema no deja de serlo por estar anunciado. En los círculos empresarios y de inversores, muchos contemplaban la posibilidad de que, una vez depurada la euforia mundialista, podía instalarse de lleno la conversación electoral. Algo de eso está pasando en estos días. Y son conversaciones de simulacro, pocas veces concluyentes, en las que lo que se dirime es poder. Pero son lo suficientemente tensas como para tener impacto innegable en la economía, que amenaza con ponerse en modo stand-by hasta tanto no tener un panorama más claro de lo que se pone en juego en 2027.

El camino es largo y el sector privado ya se embarcó en la búsqueda de certezas. Con un olfato inigualable, Susan Segal, presidenta del Council of the Americas, organizó esta semana no solo su tradicional evento anual en el Hotel Alvear, que convocó a la crema del mundo corporativo, sino también una agenda paralela, que mantuvo en estricta reserva, para sus principales auspiciantes. Esa agenda, de la que participaron no más de diez empresarios, incluyó un desayuno privado con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y dos charlas que este jueves suscitaron especial interés: una con el asesor presidencial, Santiago Caputo y otra con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Quienes definen inversiones quieren empezar a escuchar ya no solo lo que opina el oficialismo, sino también a la oposición. Porque, si bien la percepción es que La Libertad Avanza sigue siendo la fuerza más competitiva, en la Argentina no hay escenario que pueda descartarse.

Caputo puso en palabras lo que en el Gobierno empieza a asentarse como una de las principales amenazas de cara a 2027. En la mesa chica se reconoce que es imprescindible encauzar cuanto antes la discusión política para evitar resentir el clima económico, incluso entre las industrias más pujantes. Por ahora, la falta de una oposición definida juega a favor. Aunque los ruidos en la microeconomía se vuelven caldo de cultivo para la aparición de outsiders, como son los casos del banquero Jorge Brito o de Daniel Hadad. Algunos ven en el surgimiento de estos nombres la mano del siempre activo Sergio Massa. Meras especulaciones. Pero no sería la primera vez que juega a atomizar la oferta antiperonista para fortalecer su espacio. Sucedió en 2023.

Con todo, Kicillof es, al menos para el Gobierno, la figura más deseable para confrontar eventualmente en una contienda electoral. De ahí que no pocos empresarios estén buscando escucharlo. Este jueves, en el Alvear, el gobernador bonaerense llegó acompañado por su jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y su ministro de Producción, Augusto Costa. Dio un diagnóstico muy negativo; dijo que el “rumbo económico es un fracaso”, que no hay un plan de desarrollo productivo, y trazó algunos lineamientos sobre lo que viene. Los empresarios se quedaron con ganas de escucharlo más; fue breve e incluso pidieron continuar con la charla en la sede de gobierno, en La Plata. No era precisamente el territorio más amigable para Kicillof. En su espacio saben que no será fácil construir un relato que sea superador al que supo en su momento construir el kirchnerismo. El mundo financiero, además, le desconfía.

Pero empiezan en su entorno a identificar una fibra que, aseveran, está permeando en el mundo y que podría formar parte esencial del nuevo relato. Es la idea de la defensa de la soberanía nacional. “El Libertario es un engendro raro —explicaba un dirigente muy cercano al gobernador—. Es de derecha, pero no defiende la soberanía. Y hoy el mundo está cada vez más nacionalista: le pasa a Mark Carney, en Canadá, o hasta el propio Trump”, apuntaba. ¿Se vendrá una suerte de reedición del famoso Braden o Perón? Es prematuro saberlo. Pero el resultado de las elecciones presidenciales en Brasil, en octubre, podría ser un indicador de cuán vigente es la línea argumental.

El oficialismo sabe que tiene que retomar la agenda política para calmar las aguas. Bien le vendría para apaciguar, en parte, la volatilidad que se desató en los mercados de cambios y de tasas de interés en pesos. Aunque, claramente, la política no lo es todo. El mercado mira con algo de inquietud el programa financiero. En una reunión con inversores en Nueva York, hace algunos días, algunos se desanimaron después de escuchar a José Luis Daza, el viceministro de Economía, insistir en que la Argentina no buscará financiamiento adicional en el mercado internacional. “No diría que hizo subir el riesgo país, pero fue un mensaje que no contribuyó”, confiaron.

De cualquier manera, la política está operando sobre varios frentes. A las negociaciones con el Pro, que podrían demorarse bastante más de lo deseado —ahora es el partido que conduce Mauricio Macri el que tiene incentivos para esperar—, se le sumará en los próximos días un nuevo round en el Congreso, con el que espera volver a mostrar cierto manejo legislativo. El Gobierno planea para el 26 un “súper miércoles”, en el que apuntará a conseguir en Diputados media sanción para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, para el proyecto de Inocencia Fiscal II, para el tratado comercial del Mercosur con Singapur, además de la aprobación de la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), uno de los compromisos que Milei firmó con Estados Unidos en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos del 5 de febrero de 2026. “El miércoles será muy importante para nosotros”, reconoció una espada del oficialismo.

No solo el Gobierno buscará con una victoria legislativa el miércoles hablarle a la política y al empresariado locales. También buscará darle una respuesta a otro interlocutor clave: el gobierno de los Estados Unidos. La semana que viene vendrá al país una delegación potente de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). Estará encabezada por el número dos del organismo, Jeff Goettman. “Vienen a ver cómo evolucionan los compromisos que la Argentina asumió, ya que ellos consideran que la parte de ellos la cumplieron, como por ejemplo, la apertura del mercado para la carne argentina”, explicaron desde las filas libertarias.

Su agenda no deja dudas de cuáles serán los focos de conversación. La adhesión de la Argentina al PCT es una de sus prioridades. Hace años que forma parte de la agenda de los laboratorios internacionales, que buscan así una mayor protección para sus innovaciones. Goettman, de hecho, tiene previsto reunirse con la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que nuclea a la industria farmacéutica de capitales extranjeros. En el sector farmacéutico trascendió que el Ministerio de Desregulación estaría trabajando además en una modificación del decreto 150, de 1992, para facilitar la importación de medicamentos. Es una iniciativa aún incipiente, pero que mantiene en alerta a la industria nacional. Ya el Gobierno había intentado abrir las puertas para que Mendoza adquiriera medicamentos de menor costo en el exterior, pero la realidad es que la iniciativa nunca avanzó más allá de unas pequeñas compras.

La cuestión china también estará presente en las negociaciones con la delegación de la USTR. El gobierno de Donald Trump quiere que la Argentina cumpla con la contratación de “proveedores confiables”, sobre todo en áreas estratégicas como las de telecomunicaciones y de seguridad. “Ante todo, Estados Unidos quiere que no sean proveedores chinos. Que sean preferentemente norteamericanos y, si no, de países considerados confiables”, explicaron. Apuntaron específicamente al Enacom —hoy la china Huawei es proveedora del core de muchas empresas de telecomunicaciones— y al Puerto de Buenos Aires, donde están interesados en la nacionalidad de los escáneres. También solicitaron reunirse con el secretario de Coordinación, Daniel González, por la provisión de minerales críticos.

El sector farmacéutico, por lo demás, no solo aparece en la mesa de las negociaciones internacionales: puertas adentro protagoniza su propia pulseada con el gobierno bonaerense. El miércoles pasado, las tres cámaras del sector—Caeme, Cilfa y Cooperala— intimaron al IOMA, la obra social de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, a cancelar una deuda de $230.060 millones acumulada entre octubre y abril, y le pusieron un plazo perentorio de diez días corridos. Si la obra social bonaerense no paga, advirtieron en una carta, el convenio MEPPES —el que garantiza los descuentos en medicamentos a los afiliados— no se prorrogará y caerá el 31 de agosto. Las cámaras no se limitaron a golpear la puerta del presidente del organismo, Homero Giles: mandaron copia de la intimación al gobernador, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Salud provinciales. La advertencia sobre los afiliados es la parte más fina de la carta a la que accedió LA NACIÓN: los laboratorios aclaran que la caída del convenio no cortaría el acceso a los remedios, pero que habría que comprarlos al precio de góndola, sin el esquema de beneficios del MEPPES. En la provincia, en tanto, aseguran que las negociaciones siguen en curso, y que “no hay motivo de preocupación”, ya que nunca antes se llegó al punto de que se corte el convenio. No hay quien la tenga fácil en este momento en la política. La carrera recién comienza.