Sin embargo, los votos para aprobar el proyecto no están. ¿Por qué? Porque gran parte de la oposición dialoguista no quiere saber nada con eliminar una herramienta que el año próximo podría servirles para ordenar frentes electorales integrados por espacios de diferentes extracciones ideológicas e idiosincrasias políticas.

La información no es nueva: la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), se la comunicó a la mesa política del Gobierno hace ya más de un mes. Ahora, la misión de obtener los votos pasó a manos del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien la semana pasada, en su primera incursión en la Cámara alta como reemplazante de Manuel Adorni, se llevó la misma impresión que la exministra de Seguridad viene transmitiendo a la Casa Rosada.

Para aprobar una ley de reforma del sistema electoral, la Constitución Nacional exige el apoyo de la mayoría absoluta (mitad más uno de la totalidad de sus miembros) en cada ala del Parlamento. En el caso del Senado, implica el voto afirmativo de 37 senadores.

La cifra parece fácil y accesible, pero no lo es; sobre todo cuando el punto de partida para llegar a esa meta son 21 legisladores, que es el número de integrantes de la bancada oficialista en el Senado.

En otras palabras, el Gobierno necesita del apoyo de otros 16 senadores de fuerzas tan heterogéneas como la UCR, Pro y una miríada de pequeños bloques conformada por fuerzas provinciales y peronistas díscolos.

Hoy, a más de 70 días de que el Poder Ejecutivo enviara el proyecto al Senado, la eliminación de las PASO sigue encontrando fuertes resistencias en la UCR −Carolina Losada (Santa Fe) y Maximiliano Abad (Buenos Aires) llevan la voz cantante del rechazo−, y en Pro. Sin estos bloques, y con el kirchnerismo casi en su totalidad en contra, no hay apoyo de fuerzas provinciales que alcance. Ahí está la clave.

Bullrich viene chocando con ese muro desde hace más de un mes. Sus negociaciones con los bloques dialoguistas en la Cámara alta parecen haber alcanzado una frontera que, hasta el momento, se mantiene infranqueable.

Santilli probó una pequeña dosis de esa medicina el último miércoles, cuando se sumó a una reunión organizada por Bullrich con la oposición dialoguista para que funcionarios de la Secretaría de Energía le expliquen las bondades del proyecto de ley de zonas de frías, iniciativa que recorta subsidios al gas en regiones del país y que ya fue aprobada por la Cámara baja. Considerada prioridad por la Casa Rosada, esta iniciativa también es resistida en el Senado.

Cuando LA NACION le consultó, a la salida del encuentro, si se había hablado sobre la reforma electoral, el semblante del jefe de Gabinete viró de la sonrisa de político en campaña a la seriedad de los temas ríspidos. “Esa es otra reunión que vamos a tener más adelante, hoy no se tocó el tema”, respondió, lacónico.

Todo indica que la última instancia que le queda a la Casa Rosada es convencer a gobernadores para que ordenen a sus senadores votar la reforma.

En realidad, las gestiones de Santilli en este tema no son nuevas. Como ministro del Interior ya tuvo contactos con varios mandatarios provinciales para tratar de convencerlos de que ordenen a sus legisladores que voten la reforma. Es más, llegó a ofrecer la posibilidad de que puedan usar listas colectoras para las categorías de legisladores nacionales. Hasta ahora, no obtuvo resultados. Resta ver si la resolución de la crisis provocada por el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y sus correrías patrimoniales ayuda a cambiar el panorama.

Como si fuera poco, el oficialismo debe hacer frente a una suerte de spin off de la reforma política, como es la exigencia de algunos bloques políticos, encabezados por el jefe de Pro, Martín Goerling (Misiones), para tratar por separado, como si fuera otro proyecto, los artículos de la iniciativa que buscan establecer el concepto de ficha limpia en el régimen electoral.

La denominada ficha limpia es la prohibición para postularse como candidatos o participar en cargos del Poder Ejecutivo a aquellos dirigentes que cuenten con una condena confirmada en segunda instancia judicial. Un proyecto de similares características fracasó a pocos pasos de convertirse en ley en el Senado en mayo del año pasado como consecuencia del voto contrario de los dos legisladores de Misiones que responden al exgobernador Carlos Rovira.

En usinas radicales y macristas siempre se sospechó que esos dos votos que voltearon el proyecto respondieron a un pedido de la Casa Rosada, que nunca soportó el concepto de la ficha limpia. Es más, saben que la idea fue incorporada por Milei en este proyecto de reforma electoral integral como una zanahoria para que voten la eliminación de las PASO.

Para deshacer esa trampa es que Goerling, acompañado por radicales y algún que otro peronista díscolo, viene reclamando que el tema se trate por separado. Tironeada por Karina Milei, que no quiere darle el gusto a la oposición, Bullrich intenta resistir como puede sin romper los puentes que mantiene con los bloques aliados y dice que está dispuesta a tratar ficha limpia por fuera de la reforma, pero con la condición de que ambas iniciativas se traten y se aprueben en la misma sesión.

Por el momento, los deseos de Bullrich y de la Casa Rosada parecen lejos de poder hacerse realidad. Los votos no están y la cuenta regresiva para aprobar una reforma electoral ya empezó a correr.