El conflicto entre los municipios de San Rafael y General Alvear por el uso de la capacidad generada por el Gasoducto Sur sumó un nuevo capítulo tras una aclaración emitida por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENARGAS), que precisó el alcance de una resolución que dio origen al debate.
La respuesta del organismo nacional llegó luego de una presentación realizada por la Municipalidad de San Rafael, que manifestó preocupación por anuncios y gestiones vinculadas al aprovechamiento de la infraestructura gasífera en General Alvear.
En el documento emitido el pasado 18 de junio, ENARGAS sostuvo que no existe contradicción entre la Resolución 70/2021, las actuaciones posteriores y las obligaciones que mantiene la Distribuidora de Gas Cuyana como responsable del servicio.
El origen del conflicto
La disputa se remonta a la paralización del Gasoducto Sur, cuando el financiamiento nacional quedó interrumpido y la Municipalidad de San Rafael decidió avanzar con recursos propios para finalizar la obra.
Según el planteo del municipio, se destinaron cerca de 4.000 millones de pesos para completar el proyecto y ampliar la capacidad del sistema, permitiendo habilitar nuevas conexiones domiciliarias e industriales en el sur mendocino.
Posteriormente, la Secretaría de Energía reconoció una deuda por 5.199 millones de pesos correspondiente a esa inversión.
A partir de ese antecedente, San Rafael sostiene que posee un derecho prioritario sobre las nuevas factibilidades generadas por la ampliación y reclamó a General Alvear un aporte cercano a 1.100 millones de pesos, argumentando que ese departamento utilizaría aproximadamente el 23% de la capacidad incremental del gasoducto.
Desde General Alvear rechazaron esa posición y sostienen que no existe ningún acuerdo que obligue al pago solicitado, además de considerar que se trata de una obra de alcance regional destinada a beneficiar a todo el sur provincial.
Qué aclaró ENARGAS
En su respuesta, el organismo regulador ratificó que la Resolución 70/2021 reconoce a la Municipalidad de San Rafael un derecho prioritario sobre la capacidad adicional generada por la obra, debido al aporte económico realizado para completar el proyecto.
Además, remarcó que ese reconocimiento no fue cuestionado formalmente por las partes y que la resolución permanece vigente.
Sin embargo, ENARGAS también estableció límites claros respecto de ese derecho.
El organismo aclaró que la prioridad reconocida a San Rafael no implica que el municipio pueda asumir funciones regulatorias, técnicas u operativas vinculadas al sistema de distribución.
La operación seguirá bajo control de la distribuidora
Según precisó el ente nacional, la evaluación técnica de proyectos, la seguridad operativa, la aprobación de obras, la habilitación de suministros y el funcionamiento de la red continúan siendo responsabilidades exclusivas de Distribuidora de Gas Cuyana.
Asimismo, recordó que la normativa vigente establece que tanto el municipio como la empresa distribuidora deben trabajar mediante un procedimiento conjunto para otorgar nuevas factibilidades y mantener un registro hasta que se complete la capacidad disponible generada por el gasoducto.
El objetivo de ese mecanismo, indicó el organismo, es garantizar el derecho prioritario reconocido a San Rafael sin alterar las competencias legales de la empresa concesionaria.
Sin posición sobre las declaraciones públicas
Finalmente, ENARGAS evitó pronunciarse sobre declaraciones realizadas por funcionarios de ambos municipios en medios de comunicación.
No obstante, informó que solicitará información adicional a Distribuidora de Gas Cuyana sobre presuntos acuerdos relacionados con futuras obras de distribución de gas natural en General Alvear, mencionados en la presentación realizada por la comuna sanrafaelina.
Con esta aclaración, el organismo nacional fijó posición sobre el alcance de la resolución vigente, aunque el debate político y administrativo entre ambos departamentos continúa abierto.
