La reactivación de la mina de uranio de Sierra Pintada, ubicada a 55 kilómetros de San Rafael, vuelve a instalarse como uno de los proyectos estratégicos para el desarrollo energético del país. El objetivo es recuperar la producción nacional del mineral, reducir la dependencia de las importaciones y, a futuro, generar excedentes para la exportación.
El yacimiento, considerado el más importante de Argentina, conserva alrededor del 80% de sus reservas sin explotar. Según estimaciones del sector, aún podría producir más de 10.000 toneladas de uranio, un recurso clave para abastecer a las centrales nucleares, que generan cerca del 10% de la electricidad del país.
Especialistas sostienen que el valor estratégico del uranio supera ampliamente su cotización comercial. La principal preocupación es garantizar el abastecimiento interno de un insumo considerado crítico para el funcionamiento del sistema nuclear argentino, que actualmente depende de importaciones.
La remediación, condición indispensable
Antes de cualquier reactivación productiva, la mina deberá completar la remediación de los pasivos ambientales generados durante su explotación entre 1975 y 1997. Esa tarea comenzó en 2019 tras una resolución judicial que estableció que el saneamiento debía realizarse antes de reiniciar la actividad extractiva.
Sin embargo, desde el ámbito nuclear nacional consideran que la forma de acelerar ese proceso es ejecutar la remediación en paralelo con una futura explotación, bajo la operación de un inversor privado. La Comisión Nacional de Energía Atómica evalúa la posibilidad de otorgar los derechos de explotación a empresas interesadas, aunque por el momento no trascendieron nombres.
Los lineamientos de la Política Nuclear Argentina 2026 plantean un esquema donde el Estado mantiene el control estratégico del sector, mientras la operación queda en manos privadas especializadas, un modelo aplicado en otros países con desarrollo nuclear.
El desafío de la licencia social
Más allá de la viabilidad económica, el principal desafío continúa siendo la obtención de la licencia social. La historia ambiental de Sierra Pintada mantiene la atención de distintos sectores de San Rafael, especialmente por su ubicación dentro de la cuenca del río Diamante.
En ese contexto, distintos referentes locales insisten en que la remediación debe completarse antes de avanzar con un nuevo proyecto extractivo, priorizando la seguridad ambiental y la transparencia de los controles.
¿Es compatible con la Ley 7.722?
Otro de los interrogantes es cómo desarrollar la explotación bajo la vigencia de la Ley 7.722, que prohíbe el uso de determinadas sustancias químicas, entre ellas el ácido sulfúrico utilizado durante la etapa productiva anterior.
La alternativa que se analiza es implementar procesos de lixiviación mediante métodos alcalinos, tecnología que, según técnicos del sector, permitiría adecuar la explotación al marco legal vigente. De todas maneras, cualquier empresa interesada deberá presentar un proyecto específico que demuestre su compatibilidad con la normativa ambiental mendocina.
Cómo avanza la remediación
El plan de saneamiento contempla el tratamiento del agua contaminada, la gestión de residuos sólidos y la recuperación del uranio remanente mediante instalaciones diseñadas con múltiples barreras de protección ambiental.
La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo cumple el rol de auditor independiente, realizando inspecciones periódicas y elaborando informes técnicos para los organismos de control.
Hasta el momento se ejecutaron trabajos preparatorios, entre ellos la recuperación de instalaciones, la construcción de la planta de precipitación y el saneamiento de un dique transitorio. No obstante, el tratamiento integral de los pasivos ambientales comenzaría recién en 2027, una vez finalizadas las obras pendientes y puesta en marcha la infraestructura necesaria para el tratamiento del agua.
Mientras tanto, Sierra Pintada vuelve a posicionarse como uno de los proyectos mineros de mayor interés para el desarrollo energético argentino. Su eventual reactivación no solo implicaría recuperar la producción nacional de uranio, sino también abrir un nuevo capítulo para la minería en Mendoza, donde la viabilidad ambiental y la aceptación social serán factores tan determinantes como el potencial económico del yacimiento.
