Además, los obispos pidieron que se favorezca el acceso a la vivienda a familias vulnerables, mediante “un marco jurídico razonable” para los alquileres.

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada es impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para “eliminar restricciones que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad” y fortalecer la seguridad jurídica. Propone cambios en el régimen de expropiaciones y en los procesos de desalojos, además de reformas en otras legislaciones, como la de tierras rurales y la de manejo del fuego.

“Este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”, dice el pronunciamiento de los organismos del Episcopado.

En sus críticas, la Iglesia cita fragmentos de la reciente encíclica Magnifica humanitas, del papa León XIV, y de Laudato si, presentada en 2015 por su antecesor Francisco. La declaración episcopal se titula “La tierra: madre, hermana y bien común” y advierte que “resultan alarmantes los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras castigadas por incendios, hecho que hasta ahora estaba restringido”.

En la cita a la encíclica de León XIV, cuya visita al país espera concretar el presidente Javier Milei, la declaración de los organismos episcopales expresa que “el principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra -el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales- han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes”.

Transmite, así, la inquietud de la Iglesia por el proyecto, por cuanto “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”.

“Nuestra preocupación se fundamenta en que este proyecto, entre otras cosas, deja sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierra por parte de extranjeros -personas físicas o empresas- y, en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales”.

“También resultan alarmantes los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras castigadas por incendios, hecho que hasta ahora estaba restringido”, advierte el Episcopado.

La Iglesia considera que el proyecto oficial “debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”.

“La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico. Como nos recuerda el papa Francisco en Laudato si, la tierra es nuestra hermana y nuestra madre, porque nos sostiene, nos alimenta y nos cobija”

Frente a las promesas del crecimiento económico financiero, la Iglesia recuerda un pensamiento de León XIV en su reciente encíclica: “El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes, y cuando se refiere también a los pueblos, no solo a los individuos”. Y expresa que “la justicia exige el reconocimiento de los derechos sociales y de los derechos de los pueblos, e incluye la responsabilidad hacia los que vendrán después de nosotros”.

La declaración episcopal vincula el proyecto que se encuentra en el Senado con el problema de la vivienda. Y expresa: “Muchos no poseen vivienda propia y tienen que alquilar. Es importante favorecer el acceso a la vivienda, como necesidad primaria para tantas familias, dando un marco jurídico razonable a los alquileres que sea justo tanto para propietarios como para inquilinos”.