Sergio Schoklender, en el juicio Sueños Compartidos
Fue uno de los principales responsables del programa de viviendas sociales; también acusó a Amado Boudou de manejos irregulares y volvió a cargar sobre la fallecida Hebe Bonafini
Sergio Schoklender, uno de los máximos responsables de Sueños Compartidos, el programa de viviendas sociales instrumentado durante el kirchnerismo por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, buscó despegarse del manejo irregular del dinero al ampliar hoy su indagatoria en el juicio oral que revisa desvíos millonarios y un presunto fraude al Estado.
Durante su declaración, apuntó contra la expresidenta de la fundación, la fallecida Hebe de Bonafini, y distintos exfuncionarios del kirchnerismo, entre ellos Aníbal Fernández -a quien responsabilizó de financiar a un abogado para montar una usina de denuncias contra dirigentes de Pro– y Amado Boudou, por los presuntos desvíos.
“Fue realmente el único desarrollo de obra pública intachable, en donde jamás se desvió un centavo”, aseguró Schoklender, respecto al programa que comandó. “Mi estándar de vida -se defendió- cuando comenzó Sueños Compartidos cayó en picada. La cantidad de dinero y de recursos personales que fui poniendo para sostener la estructura era descomunal. Hasta dos aviones puse. Los compré con fondos propios”.
“Tuve uno de los estudios jurídicos más importantes, tuve varias empresas, me dediqué a un montón de emprendimientos tecnológicos y comerciales, y casi todo lo puse al servicio de este proyecto porque creía en él”, siguió.
A Sergio Schoklender, que fue apoderado de la Fundación Madres en el período investigado por las irregularidades, se lo acusa de desviar junto a su hermano Pablo más del 23% del presupuesto destinado al programa de viviendas. Una suma que superaba en ese momento los 200 millones de pesos. Se lo vincula a una red de empresas que canalizaron aquellos fondos. Una de ellas, Meldorek SA, de la cual Schoklender adquirió el 90% de las acciones, compró aviones y vehículos de lujo, entre ellos una Ferrari.
Aseguró también que el alcance nacional del proyecto hacía ineludible el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo. “En los pueblos pequeños del interior no era tan fácil. En algunos no había ni siquiera bancos. En otros no había forma de que hicieran 200 tarjetas en simultáneo”, sostuvo.
Reconoció haber cometido dos errores. Uno, dijo, fue convocar en los inicios del plan a profesionales comprometidos políticamente. “Me puse todos los proyectos de sombrero porque los profesionales militantes no están acostumbrados a trabajar en general. Tuve que empezar a buscar profesionales serios”, disparó.
Otro fue delegar parte del trabajo en las organizaciones sociales en el territorio, que buscaron, dijo, oficiar de intermediarios de los recursos, lo que le generó problemas; uno de ellos, con el clan que lideraba en Chaco Emerenciano Sena.
Usina de denuncias contra Pro
Cuando le preguntaron si el programa recibía subsidios adicionales, contestó que el abogado defensor de los Derechos Humanos Eduardo Barcesat le planteó a Bonafini la posibilidad de montar, a cambio de financiamiento, una suerte de usina de denuncias contra funcionarios de Pro.
“Se arma como un centro de investigación de la universidad que recibía un subsidio de Aníbal Fernández que iba directo a [Eduardo] Barcesat. La función de Barcesat era hacer todos los meses nuevas denuncias contra algún funcionario de Pro, en Capital, por supuesto”, sostuvo.
También aseguró que el programa recibió aportes “importantes” de Hugo Chávez, el expresidente de Venezuela. “Alguno se perdió en el camino”, atizó.
Apuntó también contra la creación de un fideicomiso creado tras su salida de la fundación, en 2011. Según su versión, reflejada una vez más en su testimonio de este miércoles, habría sido organizado por contadores vinculados al exvicepresidente Amado Boudou para apropiarse de la “totalidad del patrimonio de la fundación”. “Hebe le firmó”, dijo.
En marzo, cuando fue indagado por primera vez en el juicio, responsabilizó a la fallecida Hebe Bonafini de poner los fondos del programa al servicio de la política y la militancia kirchnerista. “No era capaz de decirle que no a los pedidos de Néstor y Cristina Kirchner”, dijo.
“Mientras yo iba por más escuelas y viviendas, ella estaba tan cooptada por el kirchnerismo que empezamos a gastar mucho en actos y movilizaciones para toda esa runfla y el dinero se acabó”, sostuvo.
El objetivo central de Sueños Compartidos —cuyos fondos provenían del Ministerio de Planificación— fue la construcción de viviendas sociales, pero también se dedicó a la creación de centros de salud u hospitales para sectores vulnerables. Todo, con un “abordaje integral”, definió hoy Sergio Schoklender.
Además de él y su hermano Pablo, ligados al manejo del programa dentro de la fundación -y condenados por el parricidio de sus padres en los 80-, sentados en el banquillo están los exfuncionarios Julio de Vido, José López -detenidos ambos en otros procesos-, Abel Fatala y Luis Rafael Bontempo, entre otros.
Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, era una de las acusadas, pero falleció en noviembre de 2022.
El juicio se inició este año, al filo de la prescripción, y atraviesa ahora la etapa de declaraciones testimoniales, que hoy fue interrumpida para que Schoklender ampliara su indagatoria.
