La Argentina tiene un problema estructural con el despido. No en el sentido en que suele plantearse, como si la rigidez laboral fuera el único freno a la contratación. La cuestión va en un sentido mucho más amplio, y es que las pymes no están pudiendo mirar a largo plazo.

Sólo quien trabaja con pymes todos los días puede entender esa realidad. Tener que desvincular a una persona nunca es la primera opción, porque se realizó una inversión, se la capacitó y se logró llegar a un nivel de sinergia entre empresa y colaborador que lleva mucho tiempo y dinero recuperar.

Las pymes soportan situaciones laborales complejas durante meses y años para mantener a sus empleados no sólo por el alto costo indemnizatorio, sino porque su reemplazo es demasiado complejo. Pero el costo indemnizatorio las deja expuestas financieramente ante un evento de caja que no pueden absorber. El FAL no resuelve esta paradoja eliminando la indemnización. La resuelve acumulando los fondos para afrontarla.

El empleador reasigna parte de lo que ya pagaba hacia un fondo propio. ¿Para qué sirve ese fondo? Exclusivamente para indemnizaciones. Y su uso es optativo. El empleador puede recurrir a él cuando atraviesa un escenario de despido, y paga el resto de su propio flujo. No es una licencia para despedir más barato. Es una caja de resguardo para cuando la situación es inevitable.

Los números hablan solos. Una pyme con 40 empleados y un sueldo promedio de $2.000.000 podría acumular, al cabo de un año de aportes al FAL, fondos equivalentes a más de 11 meses de indemnización. A los dos años, supera los 20 meses. Eso cambia completamente la ecuación del riesgo empresario.

La oportunidad que está en juego

Lo que el FAL habilita, en rigor, es una conversación que la Argentina nunca pudo tener: cómo modernizar el régimen indemnizatorio sin que la discusión se convierta en un campo de batalla ideológico, donde el empleado no pierda sus derechos y en donde las pymes ganen previsibilidad.

Durante años, cualquier propuesta de flexibilización laboral fue leída como un intento de licuar derechos adquiridos. El FAL esquiva esa trampa porque no modifica el derecho a la indemnización sino que lo fondea. Es la diferencia entre hablar de “quitar” y hablar de “garantizar”. Y esa diferencia, en términos de política pública, es enorme.

Por supuesto, también hay riesgos. Uno de ellos es que las empresas lo traten como una carga más y no como una herramienta estratégica. Que lo incorporen a sus costos sin internalizarlo como una reserva para administrar el capital humano con mayor previsibilidad, que es de lo que trata en realidad. También queda para otro capítulo la discusión sobre el posible desfinanciamiento del sistema jubilatorio, causal de la cautelar que actualmente frenó la vigencia.

Pero si las empresas lo gestionan activamente y lo integran a su planificación financiera puede ser el inicio de una transformación en la relación entre empleadores y trabajadores en la Argentina.

El debate sobre el mercado laboral argentino lleva décadas girando alrededor del mismo eje que plantea una disputa entre rigidez de despidos y flexibilidad laboral. El FAL propone un tercer camino, fundamental para la contabilidad empresarial privada, que es la previsibilidad. Y eso, en un país con la historia económica que tiene, vale más de lo que parece.

El autor es Contador público y cofundador de PMP – Contabilidad & Consultoría